Jueves, Junio 27, 2019
   
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Rincones de Ley

El impuesto de sucesiones (ojo avizor IV)

No habrá otro modelo de impuesto en el que se verifique con mayor rotundidad qué es lo que los gobernantes quieren obtener de sus ciudadanos y del espíritu que persiguen las normas tributarias en nuestro país.

En ese caso también delata la única ideología que persigue nuestra democrática sociedad representada en partidos políticos que terminan todos defendiendo lo mismo, pintando de colores diferentes un único fin: la voracidad recaudatoria y el saqueo a los ciudadanos. Pensemos que el mismo partido político dispone en diferentes Comunidades Autónomas normas muy contradictorias que van desde la exención con amplio margen hasta el cobro de cantidades importantes por un hecho económico absolutamente idéntico, provocando en el último caso serios problemas en familias que normalmente han llevado comportamientos ejemplares.

Es más, un mismo gobierno (de idéntico color) en la misma región modifica a su antojo y gusto pasando de la tempestad a la calma y viceversa en un corto plazo de tiempo sin el menor sonrojo ni vergüenza. Con exposiciones de motivos propias más de una novela dicotómica que de un estado de derecho (p.e. del tipo de: “la bajada en la recaudación nos obliga a volver a cobrarles impuesto de sucesiones”).

Esta falta de criterio y de respeto al ciudadano ha derivado que los que nos dedicamos a la asesoría fiscal en el tema del impuesto de sucesiones terminemos recomendando al contribuyente dónde y cuándo debe morirse. Lo primero es posible hacerlo pues aunque esté plagado de dificultades administrativas es un hecho cierto el de las fugas de “fortunas” hacia territorios más ventajosos provocando lo contrario a lo que debe ser una correcta redistribución geográfica de la riqueza y prueba más de que aumentar los impuestos solo sirve para sostener las orejeras al burro.  Aquí no debe olvidarse que cuánto más “rico” seas más posibilidad de escapar tienes. Si ya eres muy rico no hace falta nada pues te liberas sin máxima dificultad por vías de acceso privado. Todo ello sea dicho como claro indicio de que de nuevo se perjudica especialmente a la clase media.

El análisis del dónde me muero tiene en mi opinión una lectura muy fresca si analizamos el reto separatista de Cataluña que estamos viviendo en plena efervescencia estos días. La soberanía nacional preocupa a mucha gente (debería hacerlo) pero aún a mucha más gente le preocupa su economía personal. Pensemos en esto y si al final la discusión será entre soberanía territorial y económica (aunque Cataluña cobra como el que más el IS, gran paradoja).

Más difícil resulta asesorar sobre el cuándo me muero pues a todos nos parece cuando menos reprobable el no forzar los límites de vida de nuestros seres queridos por cuestiones crematísticas. No obstante sí podrían verificarse situaciones paradójicas relacionadas con otros temas relevantes como p.e. la eutanasia. Imaginemos a los familiares del desafortunado y enfermo terminal, cercano a causante, pensando si desconectar antes o después (según venga la ocurrencia recaudatoria) el cable que lo mantiene con vida. Aquí ya habría que hablar con un penalista y comparar la pena (escasa seguro y con muchas posibilidades de no entrar en prisión) con el ahorro económico.

Siempre hay grandes defensores del Impuesto de Sucesiones como mecanismo de redistribución de la riqueza, no le quito razón a nadie que argumente con educación sus posturas pero en nada estoy de acuerdo. Primero porque la redistribución debe producirse por vía del desarrollo de un sistema productivo vivo (y no muerto) que asegure empleo y riqueza futura; segundo porque estamos castigando comportamientos ejemplares de familias que han optado por el ahorro y la seguridad de su descendencia la mayoría de las veces con sacrificio. La perspectiva futura de que los descendientes mantienen la propiedad de sus familiares fallecidos positiva la generación de riqueza. Muchos más son los argumentos pero el más básico debería ser el respeto a la propiedad privada y lo indicado en la norma básica de nuestro estado en su artículo 31 condenando el alcance confiscatorio del sistema tributario. Sin entrar en detalles recordemos que el IS ya es confiscatorio por sí mismo (sin colaboración con otros tributos) teniendo en cuenta que se paga en función del grado de parentesco y del patrimonio preexistente del sujeto pasivo (puede llevar a tipos cercanos al 80%) pero si encima hablamos de la colaboración (y también sin ánimo de detalle) pensemos que una persona ha comprado p.e. un inmueble con su renta neta o disponible (si pago el 40% de IRPF para comprar una casa de 90.000 euros he tenido que ganar 150.000,00), además paga IVA o ITP (pongámosle otro 7% que serían 6.300,00 euros más (también de renta disponible pero si seguimos calculando es infinito), piensen luego en el Impuesto de Patrimonio, otro instrumento del Reino de Taifas, que supondría pagar un porcentaje todos los años que el inmueble sea de su propiedad; súmenle el IBI igualmente cada año, los impuestos que conllevan los recibos de suministros y paro de pensar por recomendación de mi psiquiatra. Pues a todo ello al fallecimiento se le aplica el IS. Leí algún estudio que decía que por vía impositiva el Estado recuperaba en 6 o 7 años la propiedad al 100%, creo que es exagerado pues lo hace en menos tiempo y siempre dependiendo del tipo del IS que toque.

El IS puede mantenerse en unos tipos muy bajos y prudentes que no permitan la requisa actual, revisar las exenciones pues muchas son puestas con trampa y vacías de justa intención (el que quiera profundizar que vea las que se aplican a la empresa familiar y los requisitos expuestos para su procedencia que chocan con cualquier lógica que no sea la recaudatoria), igualmente la Administración debe procurar sistemas lógicos y sensatos de ayuda al heredero y no forzar (como también está sobradamente demostrado) la renuncia a la herencia por el peligro que supone, todo ello podría lograse con aplazamientos e intereses adecuados, aceptación de inmuebles en pago del tributo (curioso resulta el tema de la comprobación de valores en la que los departamentos de las CCAA demuestran no haberse enterado de la crisis inmobiliaria) y cualquier otra medida que permitiera al ciudadano afectado sentirse protegido por la Administración.

Siempre habrá a quién todo esto le parezca deleznable y lo considere propio del pensamiento liberal capitalista opresor del pueblo indefenso al que el sistema exprime para provecho de unos pocos. En la Edad Media (en algunos momentos y sitios) el Señor del Terreno ante la falta de recursos lanzaba una carga de acólitos bien pertrechados y armados que saqueaba y quemaba alguna aldea para rellenar el arca o iniciar guerras.

Ahora basta que se reúnan sin más límite que la imaginación los elegidos (por el pueblo) y dispongan subir tasas, contribuciones o impuestos sin otra idea que la de perpetuarse (a nivel personal) en el poder político que les asegura un buen sueldo y acumulación de riqueza.

Sin duda con la esperanza de que en un futuro no muy lejano alguien con cordura rebaje el IS y que sus herederos no se vean desplumados.

 

¿Y con el terrorismo doméstico qué hacemos?

Estamos en una época en la que se suceden las noticias sobre medidas de seguridad ante la amenaza del terrorismo yihadista. Sin embargo, no hay que descuidar un capítulo violento más de andar por casa y que se ha repetido últimamente en varios puntos cercanos, siendo el más reciente la reyerta que tuvo lugar en la madrugada del domingo en El Algar, durante la celebración de la noche joven con la fiesta ‘Play Summer Party’. Esa noche estuvimos allí hasta las dos y media para cubrir el artículo que hemos publicado en el diario www.elalgarlosurrutiasdehoy.com, nuestro medio para esta zona. Pudimos percibir un buen ambiente de los jóvenes y nada hacía presagiar lo que estaba por venir.

Después se ‘armó el belén’ y todas las personas a las que hemos preguntado nos dicen que apareció un grupo violento de otro pueblo con ganas de bronca, además de que, por lo que nos apuntan, resulta que se habían registrado retos y amenazas en redes sociales. Desde la comisión de fiestas indican que avisaron a las autoridades y fueron cuatro los agentes del 092 que allí estaban. Sin embargo, parece que no basta. Algo similar ha sucedido en otros puntos de la comarca y casi siempre quedan estos vándalos en fiestas populares. El Algar lo sufrió en 2016 y ha vuelto a vivir la pesadilla en 2017.

El resultado va más allá de las peleas, pues también se dañan los espectáculos y la imagen de determinadas poblaciones y de los arduos y altruistas trabajos que durante meses llevan las comisiones de fiestas.

No soy quien para decir qué hay que hacer, pero los ‘doctores que tiene esta iglesia’ bien deberían establecer un protocolo de actuación frente a un ‘terrorismo doméstico’ que cada vez se repite más. Y, como es obvio, después que el capítulo judicial también sea ejemplarizante. La cuestión es reducir y no alimentar estas actuaciones, que es lo que sucede cuando todo castigo queda en nada.

 

'Ojo avizor III (que debió llamarse I)

Debí haber empezado esta serie citando cuál ha sido el grado de eficacia y cumplimiento del artículo 31 de la CE, básico y el que más necesitamos para la existencia de un Estado de Derecho real y no puramente formalista. Es lo lógico, comenzar por el principio.

A nadie le será ajeno saber que nuestra norma básica viene siendo objeto de pisoteo y escarnio desde hace tiempo a sabiendas que legislar se ha convertido en una obligación de comisiones que deben justificar su sueldo y por tanto para muchos sectores de nuestra sociedad vale hacer lo que consideran a su manera, cada uno, lo “justo”. Esto me gusta y lo acato, esto otro no y, cabreado encima, no solo no lo cumplo sino que promuevo sin la más mínima reacción del orden público que el que quiera me secunde. Todo ello ha quedado casi siempre fuera de materias tributarias, en las que el rigor se excede al infinito.

Con esto se produce en la práctica que un simple y triste contribuyente olvida presentar un modelo fiscal (aunque sea negativo sin trascendencia para el erario público) y se convierte en poco tiempo en un muerto civil, sancionado económicamente con más cantidad que muchos ilícitos penales, embargado en su cuenta bancaria, sin acceso al préstamo ni a subvenciones públicas, es decir, adquiriendo la condición de paria por afinidad que un día trataremos en profundidad. Sin embargo, asistimos a descaros de incumplimientos de normas esenciales (soberanía nacional, derechos humanos, etc.), a deleznables indultos, a prácticas propias de estados medievales que siempre vemos (algunos, unos pocos…) con estupor exentas de sanción e, incluso, jaleadas por representantes políticos.

Pues bien, este artículo 31 de nuestra Constitución nos recuerda (obligar sería excesivo) que todos contribuirán al sostenimiento del gasto público mediante un sistema tributario justo, inspirado en los principios de igualdad y progresividad que en ningún caso tendrá alcance confiscatorio. Para los que piensen que se puede tratar de un pasatiempo como el de “señala los cinco errores (mentiras) de la cita” les he ayudado con el subrayado. Piensen que es la CE y por tanto aplicable a todos los españoles.

Lo curioso es ver como las Administraciones Públicas interpretan cada una a su modo el principio de justicia tributaria (a pesar de la ayuda inestimable de la CE con las pistas de igualdad y progresividad). Entre otros citemos los siguientes ejemplos:

1º) Un Señor muere siendo residente en Madrid y sus herederos apenas tienen repercusión tributaria en el Impuesto de Sucesiones. Ese mismo día con idéntica fortuna otro Señor muere residente en Murcia o Andalucía (que me expliquen la identidad política de los gobernantes) y sus herederos tienen un quebranto económico considerable (a veces renunciando a la herencia). El Impuesto de Sucesiones es una mina…

2º) No divaguemos, centrémonos en una Comunidad y en un ejercicio concreto. Imaginemos que todo sucede en Murcia. Un Señor fallece p.e. el 7 de julio y se libran del pago sus herederos, pero, sin embargo, fallece al día siguiente y les compromete seriamente su futuro económico. Una norma a mitad de ejercicio aduciendo problemas de estabilidad financiera Pública de la Comunidad justifica el atropello en su preámbulo sin rubor ni vergüenza. Me comentó algún compañero asesor que recomendó a clientes con parientes en estado terminal irreversible que sugirieran desconectar los cables esa misma tarde antes de que dieran las doce de la noche. (1)

3º) Una misma unidad familiar con idénticas rentas y recursos  paga Impuestos muy diferentes en función de su condición de casado o separado/divorciado.

4º) Varias generaciones de ciudadanos, con fácil acceso a comprar una vivienda, pueden deducir su adquisición pero, a partir de un día concreto, los que empiezan a trabajar (y con muchas más dificultades) ya no pueden hacerlo.

5º) IVA en el turno de oficio, costas tributables, etc.

Pues bien, de todo esto tratarán mis comentarios.

(1)    Desde entonces la asesoría fiscal en el tema de Sucesiones se limita a interpretar las trampas de la norma (porcentajes de sociedades familiares, etc.) y a aconsejar al cliente dónde y cuándo debe morirse para optimizar sus tributos (será desarrollado en próxima entrega).

   

'Ojo avizor (II): Las costas judiciales'

Lo acontecido con el IVA en el artículo anterior es, en mi opinión, menos grave que lo que puede ocurrir si nos fijamos en otra resolución de la DGT que si bien ha quedado desapercibida para muchos, algunos compañeros que han intuido su repercusión están alarmados y así me lo han transmitido. A fin de cuentas lo del IVA había nacido con sentencia de muerte que se ejecutaría al tratar de hacer efectiva la norma e intentar cobrarle a un pobre lo que no tiene.

Me estoy refiriendo ahora a la consulta vinculante DGT V0675-16 de 18 de febrero en la que este Órgano considera que el vencedor en costas debe incluir en la base liquidable general de su declaración de IRPF el importe recibido por tal concepto, no siendo deducible el gasto en el que ha tenido que incurrir en la factura a su abogado, al pagador-vencido de las costas le permitirá deducírselo.

La resolución vuelve a descubrir algo que ya lleva siglos instituido en nuestra sociedad (aunque nos importa especialmente el periodo IRPF) sin que hubiera duda al respecto y verifica que en muchas ocasiones las resoluciones de la DGT parecen más un plan de marketing (buscando un nicho de mercado) que una disposición aclaratoria de la norma dictada con neutralidad de experto y dispuesta a impartir y confirmar el principio de justicia tributaria. En concreto y tratando el tema de debate sobre las costas de preferentistas (aunque extensible al resto) la DGT parece haberlo encontrado ese “negocio” que estaba sin explotar y parece dispuesta a hacerlo.

Para ilustrar más cómodamente al lector le pondré un ejemplo. El sr. Pérez ha sido demandado por el Sr. Martínez debiendo el primero contratar los servicios de un abogado al que le debería pagar sus honorarios. Terminado el proceso el Sr. Pérez ha tenido la “suerte” de ganarlo y además de recibir la indemnización de las costas por parte del sr. Martínez (que incluso puede ahora pensar que debió estarse quieto) que también debe pagar los honorarios de su abogado.

Bien, ahora a tributar. El sr. Pérez, flamante vencedor, deberá declarar en su IRPF (con el mismo tratamiento que un salario) las costas recibidas sin poder deducir el gasto que supuso la factura de su abogado por considerarse de consumo y, por tanto, no deducible. El Sr. Martínez sí que puede fiscalmente descontar de su renta las costas pagadas. Obviamente los dos abogados (es lo más normal del asunto) en sus rentas tributarán como les corresponde habitualmente.

Puestos a imaginar sigamos haciéndolo y que el Sr. Martínez se llame Administración Pública que pretendió cobrarle algo que finalmente no era correcto según un Tribunal. El sr. Martínez para defenderse de algo injusto habrá pagado a su abogado, sin posibilidad de deducirlo. Si cobra costas de la Administración debe tributar por ellas (puede que más de la mitad de ellas -dependiendo de la Taifa en la que caiga su domicilio fiscal-, llevo un tiempo pensando que tarifa y taifa deben tener un origen común) aunque fuera la propia Administración la que trató de cobrarle lo que no correspondía. Conclusión: siempre gana la banca.

Lo que para el responsable de la DGT es gasto de consumo (honorarios a un procurador y letrado) para las leyes procesales son gastos obligatorios al ser preceptiva su intervención (otras veces en las que no lo es será siempre muy recomendable e imprescindible su contratación para salvar los derechos del afectado).

Concluyendo, creo que debería nuestro colectivo presionar a la Administración Tributaria en el sentido de que el gasto de letrado y procurador no ha sido en la mayoría de los casos voluntario sino imprescindible para poder defenderse en juicio. Vemos una sociedad muy implicada en bajar el IVA para determinadas actividades (muchas veces lúdicas) pero todavía no he oído a nadie reclamar que los gastos de abogado y procurador puedan tener dicha prioridad para el cliente. Pero esa es otra historia.


 

Ojo avizor (I): El IVA y el turno de oficio

Hace pocas semanas y ante las protestas de algunos colectivos de abogados (suficientes para convencer al CGAE a secundarlos) se pudo conseguir el compromiso de la Administración de dar marcha atrás en la calificación de los servicios de turno de oficio como sujetos y no exentos de IVA. Si bien desde junio de 1986 (con solo seis meses de aplicación del IVA en España) ya se había aclarado por Resolución de DGT su consideración como servicio no sujeto, más de 30 años después se habían dado cuenta que exactamente lo mismo (un servicio público de extrema necesidad y ampliamente generalizado), sin embargo, ahora estaba sujeto y no exento. Para los que nos preocupaba el tema se advertía especialmente el disparate que suponía tratar, como expresamente se señalaba, de repercutirlo al beneficiario del servicio que era siempre persona con escasos recursos (a veces ninguno).

En puridad y si el sistema no influía perversamente en recortar todavía más las retribuciones de este servicio (p.e. decir que el IVA iría incluido en las tarifas pues no se había presupuestado previamente o similar -los disparates nos salen cuando nos terminan acostumbrando a ellos-) para el abogado era una medida económica neutral aunque con muchos inconvenientes como el de adelantar el pago del IVA en las liquidaciones por las demoras de la propia Administración) y la gestión de cobro que habría que asumir por el propio letrado o lo colegios profesionales frente a una persona sin recursos y bastante aturdida por la petición a la que habría que cobrarle el IVA.

Lo último en cuanto a ese compromiso del Ministerio de Justicia es que se hará mediante proposición de ley una modificación de la ley de Asistencia Jurídica Gratuita que dará encaje legal dejando claro el carácter análogo al indemnizatorio del servicio. Literalmente dice este Ministerio:  “de esta forma, se fortalecerá el principio de obligatoriedad y el carácter indemnizatorio de la asistencia jurídica gratuita. En España, los colegios profesionales asumen la obligación de prestar un servicio público que se fundamenta en el artículo 119 de la Constitución. Por otro lado, la compensación satisfecha por esta asistencia tiene naturaleza análoga a una indemnización, es decir, no se entiende como una retribución puesto que se aleja de los precios de mercado, se impone sin que el profesional tenga capacidad para modificarla, está sujeta a baremo y con ella se pretende indemnizar a los letrados y procuradores por la prestación del servicio sin retribución conforme a los criterios del mercado.”

Nos quedará la lidia con las Administraciones europeas teniendo en cuenta la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 16 de julio de 2016 en al que la DGT justificaba su cambio de criterio ante el carácter oneroso del servicio. ¡Ojo! Que la web de la Agencia Tributaria en su información al ciudadano todavía no ha hecho corrección alguna a fecha de este escrito.

http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/RSS/Todas_las_Novedades/Le_interesa_conocer/Tributacion_en_el_IVA_del_turno_de_oficio.shtml

   

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