Jueves, Abril 02, 2020
   
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Rincones de Ley

Derecho de desistimiento: ¿qué es y cuando aplica a los consumidores?

Es aplicable tanto a bienes como a servicios. Opera tanto si se adquiere una prenda de ropa, un electrodoméstico, una joya o un servicio como la contratación de una línea de teléfono, un seguro o un curso. Según el artículo 71 TRLGDCU, el consumidor dispone de 14 días naturales para ejecutar su derecho al desistimiento siempre y cuando el empresario haya informado de forma correcta los plazos.
Es frecuente en España que las personas opten por no comprar un bien material o contratar un servicio por miedo a que este un pueda ser devuelto o su devolución suponga un problema. Frente a esta circunstancia, los usuarios tienen el llamado derecho al desistimiento, que es “la posibilidad que tiene un consumidor de retornar un bien o un servicio sin explicaciones ni coste”, explica Estel Romero, abogada de Sanahuja Miranda.
 
Este derecho es aplicable tanto a bienes como servicios. Por lo tanto, opera tanto para una prenda de ropa, un electrodoméstico, una joya o un servicio como puede ser la contratación de una línea de teléfono, ADSL, un seguro de vida o un curso académico. Según el art. 71 TRLGDCU, el consumidor final dispone de 14 días naturales para ejecutar su derecho al desistimiento siempre y cuando el empresario haya cumplido con su obligación de información y documentación.
 
“El derecho de desistimiento de un contrato es la facultad del consumidor y usuario de dejar sin efecto el contrato celebrado, notificándoselo así a la otra parte contratante en el plazo establecido para el ejercicio de ese derecho, sin necesidad de justificar su decisión y sin penalización de ninguna clase.”, afirma Estel Romero, abogada de Sanahuja Miranda.
 
Una vez ejercitado el derecho de desistimiento, la devolución del dinero abonado por el cliente por el bien o servicio debe ser retornado en un plazo de 14 días naturales desde que el empresario tiene conocimiento del ejercicio del derecho por parte del consumidor, si se incumple dicho plazo el usuario tendrá el derecho, de conformidad con el Art. 76, a reclamar por duplicado las cantidades sin perjuicio de la posible indemnización por daños y perjuicios que se le hayan causado.
 
Sin justificar el motivo de la devolución y sin penalización

Como indica el artículo 68 del TRLGDCU el ejercicio de este derecho es gratuito en términos generales, sin embargo, existen dos excepciones en las que el consumidor deberá asumir ciertos costes:

- Cuando se hubiera seleccionado expresamente una modalidad de envío más costosa que la ordinaria, el consumidor no podrá reclamar la devolución de dichos portes.

- Los costes de la devolución deberán ser asumidos por el consumidor siempre y cuando el empresario haya informado de los mismos en la información precontractual.

Como sucede con muchos otros derechos, existen ciertos límites al ejercicio del derecho de desistimiento, como son:
Si el objeto se ha personalizado.
Si este precintado por motivos de salud o de higiene.
Contenido en soporte digital (iTunes).
Que se haya realizado el servicio.

 

'Juzgados en el aire'

El Ministerio rechaza el Peninsular y mantiene en el aire dos nuevos juzgados. Siempre nos toca a los mismos, siempre pagamos los platos rotos los mismos.

A las ya añadidas carencias en materia de justicia que sufre Cartagena, como por ejemplo, la falta de un juzgado de menores en nuestra ciudad, ahora se suma el rechazo a un emplazamiento temporal de la ciudad de la justicia, y también la negativa de acoger los dos juzgados que han sido aprobados pero por falta de espacio y recursos aún no están en funcionamiento, un nuevo juzgado de instrucción y un nuevo juzgado de lo mercantil, algo difícil de explicar, que en lo que deriva es en la saturación de la justicia en nuestra ciudad, y ésto pasa gobierne quien gobierne, en España o en la Comunidad, si está el PP pagamos nosotros, si está el PSOE pagamos nosotros.

El problema está claro cuál es. Los partidos de ámbito nacional nos han abandonado, sólo les interesamos cada 4 años para ver si “rascan” algo en las elecciones.

La solución por tanto no puede ser alternarlos, cambiar a uno para poner al otro, la solución pasa por empezar a votar a gente de aquí, a gente comprometida con la ciudad y con la Región, como Somos Cartagena Somos Región. Porque esta situación es ya insostenible, y no solo en materia de justicia.

Lo estamos viendo cada día en todos los ámbitos. Estamos hartos ya de esta situación. 

 

'Reforzar las medidas de protección y apoyo a las mujeres'

Este 25 de noviembre, Juezas y Jueces para la Democracia manifiesta su preocupación y rechazo a posiciones de grupos con responsabilidades institucionales, que niegan alejados de la realidad (51 mujeres fallecidas en lo que va de año a consecuencia de delitos de violencia de género), niegan que exista esta grave vulneración a los derechos humanos de las mujeres y de sus hijos e hijas, victimas también de estos delitos.

Estas posiciones, aunque sistemáticamente ignoran datos empíricos ciertos, cercenan las posibilidades de disminuir los delitos contra las mujeres y dificultan el trabajo y el esfuerzo que las instituciones y la sociedad están realizando para hacer frente a este atentado constante contra los derechos humanos.

Supone un retroceso pretender la invisibilidad de esta violencia y el incumplimiento de los tratados internacionales suscritos por España para prevenir, investigar, castigar y reparar los daños causados por la violencia contra las mujeres, como el Convenio del Consejo de Europa, conocido como Convenio de Estambul.      

Para posibilitar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el privado, queremos reiterar la necesidad de utilizar las herramientas conceptuales que han demostrado su utilidad para este fin y consideramos imprescindible el refuerzo de las medidas de protección y apoyo a las mujeres, que vienen prestándose desde la sociedad civil y desde las instituciones, sin las cuales las leyes previstas en el ordenamiento jurídico no pueden alcanzar su finalidad; por ello consideramos contraproducentes los recortes económicos que de forma directa o indirecta suponen la imposibilidad de aplicar las leyes destinadas a acabar con la violencia contra las mujeres.

Finalmente interesamos la efectividad de las medidas recogidas en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, con la implicación de todos los poderes públicos que están obligados a garantizar la seguridad y el pleno disfrute de los derechos de toda la ciudadanía, incluidas las mujeres, que constituyen más del 50% de la población.

   

Sus zapatos son los nuestros

El pasado martes, las dos marchas de mujeres y hombres pensionistas españoles que procedían de Rota y Bilbao llegaron a la Puerta del Sol de Madrid después de varias semanas caminando. La manifestación cocnluyó ayer ante la puerta del Congreso de los Diputados/as, donde dejaron sus zapatos.

Las reformas del sistema de Seguridad Social llevadas a cabo por la Ley 27/11, de 1 agosto y la Ley 23/2013, de 23 de diciembre, han ocasionado un grave deterioro del sistema público de pensiones que garantiza nuestra Constitución (art.41 CE), sometiéndolas a un régimen de revalorización que entraña una innegable pérdida de su poder adquisitivo. El art.50 CE contiene un mandato preciso dirigido al Estado "los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad”.

La Seguridad Social es un Derecho Humano reconocido en multitud de Tratados y Convenios Internacionales, desde la Declaración Universal de Derechos Humanos (art.22), hasta el Convenio 102 de la OIT, pasando por el Pacto Internacional de los Derechos Económicos Sociales y Culturales (art.9) o la Carta Social Europea (art.12). De dichos Convenios y Tratados se deriva la obligación de los estados de elevar progresivamente el nivel del régimen de Seguridad Social.

La realidad denunciada por los pensionistas es preocupante, no sólo para ell@s, sino para las generaciones venideras. La pensión media en España en 2019 es de 993,11 euros. Las mujeres son las más perjudicadas en la precariedad de las pensiones, su pensión media es de 790,56 euros, frente a los 1.210,29 euros de los hombres. La cuantía de las pensiones mínimas de jubilación y  viudedad es de 677,40 euros mensuales. La mayoría de pensiones de viudedad, las cobran las mujeres.

Tales datos se han de relacionar con el preocupante aumento de la desigualdad y de la pobreza que informes Nacionales e Internacionales están  poniendo de manifiesto en relación con nuestro país, hechos que amen de conllevar una vulneración de la normativa anteriormente referida, a corto y medio plazo puede ser un riesgo evidente para la propia estabilidad democrática.

Ante la preocupante situación de las pensiones, desde Juezas y Jueces para la Democracia, como asociación comprometida con la defensa de los Derechos Humanos y el Estado Social y Democrático de Derecho, queremos manifestar nuestro más firme apoyo y reconocimiento a las reivindicaciones realizadas para conseguir un sistema digno de pensiones. La lucha de las mujeres y hombres pensionistas es un ejemplo para todos/as.

Pedimos al Parlamento y al Gobierno, sea del signo que sea, que cumplan con los mandatos Constitucionales e Internacionales que le incumben, atiendan las justas  reivindicaciones de los pensionistas y garanticen un sistema de pensiones dignas y suficientes para quienes han pasado su vida trabajando.

 

"Me considero víctima de una sentencia"

Una vecina de El Algar (Cartagena), de 69 años de edad, se dirige a nuestro 'Buzón de los lectores', para expresar lo siguiente:

"Después de haber vivido en pareja durante 12 años, me encuentro en la situación de que me reclama mi expareja todos los gastos habidos en el período de convivencia.

De dichos gastos, la parte de la casa (manutención, limpieza, ropa, gastos de la vivienda, etc.) corrían de mi parte, siendo pagados en efectivo, sin ningún tipo de comprobante. Por su parte, mi expareja pagaba la hipoteca y gastos de agua y de luz, por lo que pudo aportar los comprobantes ante el juez.

Una vez finiquitada la relación, me presenta una demanda judicial, reclamando el 50% de todos los gastos que soportaba él. Llegados a juicio, la sentencia falla a su favor, teniendo yo que indemnizarle con una cantidad de 84.000 euros más gastos judiciales, intereses y abogados de la parte demandante.

Creo que la señora jueza no ha tenido en cuenta todas las pruebas que le presenté, considerándome una víctima de la sentencia. Es por lo que me dirijo a los lectores de este periódico, por si encuentro algún apoyo o consejo que me pudiese ayudar. Gracias".



  • Correo electrónico del 'Buzón de los lectores': Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla

Los remitentes deben indicar nombre, DNI y número de teléfono, aunque estos datos no serán publicados

Si se acepta que aparezca el nombre, el texto se publicará como artículo de opinión.

   

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