PERIÓDICO DE SUCESOS, TRIBUNALES y TRÁFICO DE LAS COMARCAS DEL CAMPO DE CARTAGENA Y DEL MAR MENOR                                                                         booked.net

La Aljorra: situación previsible

Cuando ya a finales de 2008, se constataba el inicio consolidado de la primera recesión de este período de crisis, comenzamos en IU-Verdes Cartagena a prefigurar las consecuencias. Sabíamos de las congelaciones o rebajas salariales y de pensiones, de los copagos y reducción de la calidad de los servicios públicos al congelarse la oferta de empleo público, incluida la relativa a la seguridad pública. Advertíamos de un incremento de la pobreza y la exclusión social derivada del incremento del paro y descenso paulatino de la tasa de cobertura, así como del nimio auxilio del ingreso mínimo de inserción y el Plan Prepara.

En ese escenario era previsible que una sociedad mas pobre fuese una sociedad mas insegura. Los distintos gobiernos (de modo más acentuado por el PP) han otorgado prioridad a la atención de la seguridad hacia la contestación social y política y al efectismo de los grandes casos.

En cualquier sistema político o sociedad, sea cual sea su estructura social y económica, su distribución de renta o provisión de servicios, se ha de prevenir la delincuencia organizada y el incumplimiento de la ley, tanto para aquellos que dilapan recursos públicos en administraciones, entidades financieras o empresas, como aquellos que actúan en el crimen organizado, la trata de personas, el blanqueo de capitales, la corrupción política, el fraude fiscal o el tráfico de drogas, también hacia aquellos que en menor escala violentan la convivencia con actos hacia la seguridad de las personas y las cosas.

Parece evidente que la Junta de Seguridad en Cartagena, que preside Pilar Barreiro, no funciona. Continuados hechos lo confirman. Hay exceso de presencia policial allá donde no se precisa. Sobran efectivos para vigilar e intimidar las respuestas ciudadanas que exigen derechos y censuran recortes: la protesta política, por otra parte tradicionalmente cívica y pacífica, y faltan recursos para garantizar la convivencia en paz, cuando lo que se amenaza son los interese públicos y el derecho de la ciudadanía a no ver violentada su espacio vital y sus derechos.

Hay que llamar a la calma en La Aljorra, que no a la impasibilidad. Hay que transformar su rabia e indignación, no en una autarquía de la seguridad que puede deparar nefastas consecuencias para todos, hacia una reivindicación hacia los gobiernos para que reorienten las prioridades en la determinación de los dispositivos, en una mejor y mas racional planificación de sus efectivos en todo el territorio municipal. En una exigencia hacia la calidad de los servicios públicos, en justicia, seguridad, cobertura social, reeducación.

Difícilmente una sociedad injusta puede ser segura. Lo que menos necesitamos ante estas situaciones son salvadores del populismo, que un día predican el adelgazamiento del Estado para el siguiente pedir más policía. La extrema derecha siempre aprovecha estas circunstancias, aderezando su discurso con el origen, la raza, la venganza y la separación del Estado de Derecho.

Delegación de Gobierno, Junta de Seguridad Local, Consejo de la Ciudad (que el PP se niega a constituir), vecinos y grupos políticos y sociales representativos, deberíamos sentarnos para definir una vía de solución, que necesariamente debe contemplar el concepto de la seguridad desde todos los ángulos.

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