PERIÓDICO DE SUCESOS, TRIBUNALES y TRÁFICO DE LAS COMARCAS DEL CAMPO DE CARTAGENA Y DEL MAR MENOR                                                                         booked.net

'Reforzar las medidas de protección y apoyo a las mujeres'

Este 25 de noviembre, Juezas y Jueces para la Democracia manifiesta su preocupación y rechazo a posiciones de grupos con responsabilidades institucionales, que niegan alejados de la realidad (51 mujeres fallecidas en lo que va de año a consecuencia de delitos de violencia de género), niegan que exista esta grave vulneración a los derechos humanos de las mujeres y de sus hijos e hijas, victimas también de estos delitos.

Estas posiciones, aunque sistemáticamente ignoran datos empíricos ciertos, cercenan las posibilidades de disminuir los delitos contra las mujeres y dificultan el trabajo y el esfuerzo que las instituciones y la sociedad están realizando para hacer frente a este atentado constante contra los derechos humanos.

Supone un retroceso pretender la invisibilidad de esta violencia y el incumplimiento de los tratados internacionales suscritos por España para prevenir, investigar, castigar y reparar los daños causados por la violencia contra las mujeres, como el Convenio del Consejo de Europa, conocido como Convenio de Estambul.      

Para posibilitar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el privado, queremos reiterar la necesidad de utilizar las herramientas conceptuales que han demostrado su utilidad para este fin y consideramos imprescindible el refuerzo de las medidas de protección y apoyo a las mujeres, que vienen prestándose desde la sociedad civil y desde las instituciones, sin las cuales las leyes previstas en el ordenamiento jurídico no pueden alcanzar su finalidad; por ello consideramos contraproducentes los recortes económicos que de forma directa o indirecta suponen la imposibilidad de aplicar las leyes destinadas a acabar con la violencia contra las mujeres.

Finalmente interesamos la efectividad de las medidas recogidas en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, con la implicación de todos los poderes públicos que están obligados a garantizar la seguridad y el pleno disfrute de los derechos de toda la ciudadanía, incluidas las mujeres, que constituyen más del 50% de la población.

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