PERIÓDICO DE SUCESOS, TRIBUNALES y TRÁFICO DE LAS COMARCAS DEL CAMPO DE CARTAGENA Y DEL MAR MENOR                                                                         booked.net

La derogación de la LOMCE es necesaria pero no suficiente para un pacto educativo

La mejora de nuestro sistema educativo es incuestionable, los informes internacionales y estatales ofrecen una información suficiente para iniciar un debate serio y riguroso, sin embargo la mayoría de los políticos no sienten esa presión. Si revisamos las hemerotecas comprobamos que la educación no aparece como una prioridad política, social o mediática, de los españoles, la mayoría de padres entienden que sus expectativas se cumplen cuando consiguen la plaza escolar en el centro que desean. Esta falta de presión popular no exime a la clase política de la obligación de alcanzar el tan cacareado pacto educativo. Un pacto que hay que decir, sin demagogia alguna, resulta muy difícil porque el sesgo ideológico parece inevitable, incluso más en una composición plural parlamentaria como la actual con propuestas antagónicas de alcance.

Afianzar un sistema educativo competitivo en el marco internacional, propio del siglo XXI, requiere modificar el art. 27 de la Constitución Española, porque coexisten planeamientos ideológicos contrapuestos: por una parte, la libertad de creación de centros, la percepción de ayuda a los mismos, el derecho de los padres a elegir la educación religiosa y moral que deseen, y por la otra el derecho a la educación y el carácter de obligatoria y gratuita de la enseñanza básica. Fruto de esta puerta giratoria abierta, unas leyes educativas han potenciado la escuela pública como servicio público y otras la reprivatización del sistema educativo.

El currículo debe ser racional, para conseguirlo resulta necesario denunciar los acuerdos con la Santa Sede, por los cuales los alumnos, o los padres si estos son menores de edad, tienen el derecho a que se les imparta la asignatura de Religión diseñada por la jerarquía eclesiástica, en condiciones equiparables a las demás disciplinas fundamentales que conforman el currículo por profesores propuestos por el Ordinario diocesano. De una manera similar el resto de confesiones que tienen acuerdo con el Estado pueden establecer su propio currículo, formando una torre de babel en la que se permiten contenidos distintos y en algunos casos contrarios a la ética, la razón y a las leyes

Otro factor a tener en cuenta es que con la normativa constitucional actual carece de sentido hablar de currículo básico y de su desarrollo, en el caso de que interese. El Estado, a través de la Alta Inspección, ni tiene los recursos ni la intención -es un órgano politizado- para cumplir este cometido. Además las CCAA a través de los Estatutos de Autonomía pueden aprobar leyes orgánicas (art. 81 CE) y dado el carácter de las mismas pueden regular aspectos que el Estado califica como básicos. El Tribunal Constitucional considera que estas regulaciones son posibles porque suponen el ejercicio de competencias compartidas, entre el Estado y las CCAA. Por ello, resulta a veces más difícil decidir las materias que debe cursar o no un alumno cuando se traslada de una Comunidad Autónoma a otra que cuando viene de otro país. El Estado de las autonomías, de acuerdo al art.149 de la CE, tiende a garantizar la libertad pero no la igualdad. Estas razones indican que el consenso en el seno de la Conferencia Sectorial de Educación es la clave para garantizar el cumplimiento de un pacto educativo.

Otro factor es el conservadurismo del propio derecho europeo. La U.E. ha incorporado a su derecho, desde el derecho alemán, “el principio de confianza legítima”: que es la reposición de los daños que pueda producir el cambio sorpresivo de la legislación. Este principio propició que se publicara la LOMCE como una modificación de la LOE y no como una ley propia y puede dificultar el trámite de una nueva ley.

Por último, el pacto educativo debería abordar al menos cuatro capítulos: los factores de calidad educativa que se consideran esenciales, alcanzar los objetivos de la UE, garantizar la autonomía y la participación de todos los sectores de la comunidad educativa en los centros y establecer medidas de equidad eficaces para garantizar la atención adecuada a la población escolar más necesitada.

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