Jueves, Marzo 23, 2017
   
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Un divorcio imposible con dos bodas

"¡Quiero mi divorcio ya!". Rafael Martínez Gutiérrez lanzó ese grito varias veces dentro de los juzgados de San Javier y sólo cesó en su protesta cuando fue invitado a abandonar el inmueble. Este hombre se divorció en Marruecos y lleva meses intentando que esa disolución sea reconocida en España, pero falta que se persone la ex pareja. Mientras toda esta historia se desarrolla, Rafael volvió a contraer matrimonio en tierras marroquís hace cuatro meses y su ex esposa ha hecho lo mismo hace escasas semanas.

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Roberto Fernández es el nuevo juez decano de San Javier

El magistrado Roberto Fernández Muñoz, titular de la sala de Primera Instancia e Instrucción número 6, es el nuevo decano del Partido Judicial de San Javier tomando el relevo de María Antonia Martínez Noguera, titular del juzgado número 1, quien cesó en el cargo.

 

Condenado por insultar y empujar a su pareja

Un hombre ha sido condenado a efectuar un 30 días de trabajos a beneficio de la comunidad y a una orden de alejamiento de 500 metros durante tres años y medio de su pareja por haberla insultado y empujado durante una discusión que tuvo lugar en una barriada de los extramuros de la ciudad.

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Libertad con cargos en San Javier para los detenidos de una banda acusada de cometer atracos

La jueza Sabina Alcaraz, titular de Primera Instancia e Instrucción número 4 de San Javier, ha decretado la libertad con cargos para ocho personas acusadas de pertenecer a una banda que cometió violentos atracos en naves industriales y almacenes. Los acusados fueron detenidos por agentes de la Policía Judicial adscritos al cuartel de la Guardia Civil de San Javier.

   

Le reconocen la invalidez absoluta pese a la negativa de la Seguridad Social

Severiano Moral ha conseguido que se le declare la Incapacidad Permanente Absoluta por parte del juzgado de Lo Social número 2 de Cartagena después de que la Seguridad Social se la hubiese rechazado pese a sufrir un agravamiento de sus dolencias. El hombre no se conformó y decidió seguir adelante, con el asesoramiento de la letrada Mercedes García-Ortega, por la vía judicial. "Mi salud se había agravado tanto que yo ya no era el mismo", indicó Severiano a este diario.

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Orden de busca y captura nacional contra el imán de El Algar

Un juzgado de Cartagena ha decretado una orden de busca y captura en todo el territorio nacional contra el imán de la mezquita de El Algar a quien se acusa de cometer abusos sexuales a cinco menores a los que daba clase de religión. Mientras, miembros de la comunidad islámica a la que pertenece el imán han expresado a este diario su preocupación por el asunto, consideran que nadie puede ser condenado de antemano pero que es muy sospechoso que no se haya entregado a la Guardia Civil.

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El escaso tiempo complica las denuncias por insultos o injurias en Internet

Las denuncias que se presentan por parte de aquellas personas que se sienten injuriadas o insultadas en Internet son consideradas faltas, por lo que la Ley establece que prescriben a los seis meses. En el caso de Internet, ese tiempo para el proceso judicial y la investigación de la Policía Nacional es muy escaso y el riesgo de prescripción muy elevado.

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Salen en libertad tres de las mujeres detenidas en Lo Campano

El juez, con el visto bueno de la Fiscalía, ha ordenado la salida de prisión en libertad provisional y sin el pago de fianza alguna de tres de las cuatro mujeres que fueron detenidas en enero como supuestas autoras de explotar un garito en Lo Campano. En la cárcel queda María G. G., apodada 'Pachona', que es la principal inculpada.

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Buscan al imán de El Algar por supuestos abusos a menores

El imán de la mezquita de El Algar está siendo buscado por la Guardia Civil tras ser acusado de supuestos abusos sexuales a cinco menores de origen magrebí, según informa el diario La Verdad. Este religioso, de 48 años de edad, era responsable de esta mezquita desde el pasado mes de septiembre, y al parecer se dio a la fuga hace unos días tras descubrir que podía ser denunciado por los familiares de las pequeñas.

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La Policía Local de Los Alcázares 'saca de la calle' a dos supuestos narcotraficantes

Dos sospechosos de traficar con estupefacientes han sido sorprendidos por agentes de la Policía Local de Los Alcázares, que han procedido a sus arresto, identificación y traslado a las dependencias de la Guardia Civil de la localidad costero. Los detenidos portaban bolsitas que contenía diversas cantidades de cocaína y que, posiblemente, estaban destinadas a la venta, además de tres teléfonos móviles y botes de spray, entre otros objetivos. También llevaban en su poder unos doscientos euros, cantidad que les ha sido incautada ante la posibilidad de que procedan de la venta de droga.

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Tercera detención en San Javier de personas en situación de búsqueda y captura

Efectivos de la policía local de San Javier detuvieron ayer a un hombre vecino de la localidad que se encontraba en situación de búsqueda y captura por un supuesto delito de robo con fuerza en el interior de un vehículo cuyas diligencias instruyó la Guardia Civil. El detenido, B.C.S., que era conocido por sus antecedentes por los agentes de la policía local, fue localizado en una calle de San Javier a primera hora de la mañana cuando, tras su identificación fue trasladado por los agentes  a las dependencias de la Guardia Civil en Santiago de la Ribera, sin que opusiera resistencia alguna.

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A disposición judicial una peligrosa banda desarticulada por la Guardia Civil de San Javier

Agentes de la Policía Judicial adscritos al cuartel de la Guardia Civil de San Javier ha desarticulado una banda considerada muy peligrosa que llevó a cabo diversos atracos violentos en naves industriales y viviendas particulares, utilizando en ocasiones armas. Los detenidos han sido trasladados al edificio de la Justicia en San Javier y puestos a disposición del juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4, en funciones de guardia desde el pasado martes y cuya titular es la jueza Sabina Alcaraz.

   

La jueza revoca la sanción contra un trabajador de Sesticarsa

La magistrada-juez Teresa Clavo, titular del juzgado de Lo Social número 2 de Cartagena, ha revocado la sanción de treinta días de suspensión de empleo y sueldo que Sesticarsa aplicó a un trabajador del puerto al considerar que fue responsable de unos daños ocasionados en una operación de descarga de contenedores que se elevaron a 23.727 euros.
Sesticarsa sancionó el 16 de septiembre de 2009 a un trabajador del puerto con un mes de suspensión de empleo y sueldo al considerar que su actuación, en una operación de descarga de contenedores en el muelle de Santa Lucía, causó daños a un contenedor por importe de 19.000 euros y al 'spreader' de la carretilla por importe de 4.727 euros. El trabajador recurrió la sanción y, tras quedar 'sin efecto' el acto de conciliación, ambas partes se vieron en el juicio celebrado el día 3, miércoles de la pasada semana.

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La abogada Isabel Rosique apunta a la gerencia de la Autoridad Portuaria

La letrada Isabel Rosique es la primera candidata para tomar el relevo de Alfredo Fresneda, quien pasaría a un cargo administrativo, al frente de la gerencia de la empresa pública de Sociedad de Estiba de Cartagena.

   

Una trabajadora acusa a otra de 'pincharle' en un dedo con un cuchillo mientras manipulaba brócoli"

¿Le pinchó una trabajadora a su compañera con un cuchillo en el dedo? La respuesta a esa pregunta es la que se trata de resolver en el juzgado de Lo Penal número 2 de Cartagena, donde el juicio no pudo concluir y se reanudará el próximo 25 de febrero. Los supuestos hechos se remontan al año 2005 en una nave de Torre-Pacheco en la que ambas trabajaban en la manipulación de productos agrícolas.

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Los medios no son responsables de los comentarios que se vierten en los foros

La responsabilidad civil del medio informativo digital en el que se han vertido los comentarios también es analizada en la sentencia por la denuncia del edil socialista, considerado el juez que no existe esa responsabilidad por tratarse de un foro.

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"El derecho al honor se debilita en una persona pública"

La sentencia del juzgado de Instrucción número 4 sobre la denuncia que presentó el concejal Manuel Torres se ampara en otras del Tribunal Constitucional de los años 2002, 2004 y 2006 en las que se explica por qué expresiones que pudieran ser consideradas injuriosas contra un ciudadano no lo son en personas públicas.

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