Viernes, Abril 19, 2019
   
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Confirman el despido sin indemnización de la mujer que desveló datos privados de su empresa

La Sala de Lo Social del TSJ de la Región de Murcia confirma el despido procedente de una empleada de un estudio de arquitectura de Cartagena que facilitó datos de la empresa a su abogado.



La denunciante estuvo en un despacho de arquitectura desde marzo de 1987, llegando a ejercer el cargo de jefa de administración y con amplios poderes en los movimientos económicos de la entidad. En 2009, también en marzo, los nuevos dueños de la empresa la comunicaron su despido disciplinario (extinción de contrato sin indemnización) "por la comisión de faltas de fraude, deslealtad, abuso de confianza y trasgresión de la buena fe contractual", en base a un listado de correos electrónicos y a una caja con documentación de la empresa (nóminas, escrituras, proyectos, etc) que envió a su abogado dos meses atrás. El juzgado de Lo Social número 1 de Cartagena estimó el despido como procedente y la actora, disconforme, recurrió ante la Audiencia.

La sala de Lo Social del TSJRM rechaza que se trate de justificar esta conducta aludiendo a la confidencialidad de la relación entre abogado y cliente, e invocando el derecho a la tutela judicial efectiva reconocido en el artículo 24 de la Constitución, con el argumento de que se trataba de salvaguardar los derechos de los trabajadores que habían sido despedidos y de preparar su defensa frente a los despidos.

También apunta que la actora, "como Jefa de Administración, tenía la obligación de cumplir con las obligaciones correspondientes, en relación con la documentación que custodiaba y de la relación de hechos probados se advierte que incurrió en un abuso de derecho, al remitir diversa documentación al abogado, en un ámbito en el que la confidencialidad no opera con toda su intensidad y en cualquier circunstancia; básicamente, porque, más bien, es la empresa la que dispone el círculo y límites, de confidencialidad de su documentación y porque en la base de la puesta a disposición de la documentación por parte de la actora subyace una infracción laboral, respecto de la que no cabe predicar su impunidad".

 

 

 

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