Miércoles, Abril 24, 2019
   
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Rincones de Ley

¿Y con el terrorismo doméstico qué hacemos?

Estamos en una época en la que se suceden las noticias sobre medidas de seguridad ante la amenaza del terrorismo yihadista. Sin embargo, no hay que descuidar un capítulo violento más de andar por casa y que se ha repetido últimamente en varios puntos cercanos, siendo el más reciente la reyerta que tuvo lugar en la madrugada del domingo en El Algar, durante la celebración de la noche joven con la fiesta ‘Play Summer Party’. Esa noche estuvimos allí hasta las dos y media para cubrir el artículo que hemos publicado en el diario www.elalgarlosurrutiasdehoy.com, nuestro medio para esta zona. Pudimos percibir un buen ambiente de los jóvenes y nada hacía presagiar lo que estaba por venir.

Después se ‘armó el belén’ y todas las personas a las que hemos preguntado nos dicen que apareció un grupo violento de otro pueblo con ganas de bronca, además de que, por lo que nos apuntan, resulta que se habían registrado retos y amenazas en redes sociales. Desde la comisión de fiestas indican que avisaron a las autoridades y fueron cuatro los agentes del 092 que allí estaban. Sin embargo, parece que no basta. Algo similar ha sucedido en otros puntos de la comarca y casi siempre quedan estos vándalos en fiestas populares. El Algar lo sufrió en 2016 y ha vuelto a vivir la pesadilla en 2017.

El resultado va más allá de las peleas, pues también se dañan los espectáculos y la imagen de determinadas poblaciones y de los arduos y altruistas trabajos que durante meses llevan las comisiones de fiestas.

No soy quien para decir qué hay que hacer, pero los ‘doctores que tiene esta iglesia’ bien deberían establecer un protocolo de actuación frente a un ‘terrorismo doméstico’ que cada vez se repite más. Y, como es obvio, después que el capítulo judicial también sea ejemplarizante. La cuestión es reducir y no alimentar estas actuaciones, que es lo que sucede cuando todo castigo queda en nada.

 

'Ojo avizor III (que debió llamarse I)

Debí haber empezado esta serie citando cuál ha sido el grado de eficacia y cumplimiento del artículo 31 de la CE, básico y el que más necesitamos para la existencia de un Estado de Derecho real y no puramente formalista. Es lo lógico, comenzar por el principio.

A nadie le será ajeno saber que nuestra norma básica viene siendo objeto de pisoteo y escarnio desde hace tiempo a sabiendas que legislar se ha convertido en una obligación de comisiones que deben justificar su sueldo y por tanto para muchos sectores de nuestra sociedad vale hacer lo que consideran a su manera, cada uno, lo “justo”. Esto me gusta y lo acato, esto otro no y, cabreado encima, no solo no lo cumplo sino que promuevo sin la más mínima reacción del orden público que el que quiera me secunde. Todo ello ha quedado casi siempre fuera de materias tributarias, en las que el rigor se excede al infinito.

Con esto se produce en la práctica que un simple y triste contribuyente olvida presentar un modelo fiscal (aunque sea negativo sin trascendencia para el erario público) y se convierte en poco tiempo en un muerto civil, sancionado económicamente con más cantidad que muchos ilícitos penales, embargado en su cuenta bancaria, sin acceso al préstamo ni a subvenciones públicas, es decir, adquiriendo la condición de paria por afinidad que un día trataremos en profundidad. Sin embargo, asistimos a descaros de incumplimientos de normas esenciales (soberanía nacional, derechos humanos, etc.), a deleznables indultos, a prácticas propias de estados medievales que siempre vemos (algunos, unos pocos…) con estupor exentas de sanción e, incluso, jaleadas por representantes políticos.

Pues bien, este artículo 31 de nuestra Constitución nos recuerda (obligar sería excesivo) que todos contribuirán al sostenimiento del gasto público mediante un sistema tributario justo, inspirado en los principios de igualdad y progresividad que en ningún caso tendrá alcance confiscatorio. Para los que piensen que se puede tratar de un pasatiempo como el de “señala los cinco errores (mentiras) de la cita” les he ayudado con el subrayado. Piensen que es la CE y por tanto aplicable a todos los españoles.

Lo curioso es ver como las Administraciones Públicas interpretan cada una a su modo el principio de justicia tributaria (a pesar de la ayuda inestimable de la CE con las pistas de igualdad y progresividad). Entre otros citemos los siguientes ejemplos:

1º) Un Señor muere siendo residente en Madrid y sus herederos apenas tienen repercusión tributaria en el Impuesto de Sucesiones. Ese mismo día con idéntica fortuna otro Señor muere residente en Murcia o Andalucía (que me expliquen la identidad política de los gobernantes) y sus herederos tienen un quebranto económico considerable (a veces renunciando a la herencia). El Impuesto de Sucesiones es una mina…

2º) No divaguemos, centrémonos en una Comunidad y en un ejercicio concreto. Imaginemos que todo sucede en Murcia. Un Señor fallece p.e. el 7 de julio y se libran del pago sus herederos, pero, sin embargo, fallece al día siguiente y les compromete seriamente su futuro económico. Una norma a mitad de ejercicio aduciendo problemas de estabilidad financiera Pública de la Comunidad justifica el atropello en su preámbulo sin rubor ni vergüenza. Me comentó algún compañero asesor que recomendó a clientes con parientes en estado terminal irreversible que sugirieran desconectar los cables esa misma tarde antes de que dieran las doce de la noche. (1)

3º) Una misma unidad familiar con idénticas rentas y recursos  paga Impuestos muy diferentes en función de su condición de casado o separado/divorciado.

4º) Varias generaciones de ciudadanos, con fácil acceso a comprar una vivienda, pueden deducir su adquisición pero, a partir de un día concreto, los que empiezan a trabajar (y con muchas más dificultades) ya no pueden hacerlo.

5º) IVA en el turno de oficio, costas tributables, etc.

Pues bien, de todo esto tratarán mis comentarios.

(1)    Desde entonces la asesoría fiscal en el tema de Sucesiones se limita a interpretar las trampas de la norma (porcentajes de sociedades familiares, etc.) y a aconsejar al cliente dónde y cuándo debe morirse para optimizar sus tributos (será desarrollado en próxima entrega).

 

'Ojo avizor (II): Las costas judiciales'

Lo acontecido con el IVA en el artículo anterior es, en mi opinión, menos grave que lo que puede ocurrir si nos fijamos en otra resolución de la DGT que si bien ha quedado desapercibida para muchos, algunos compañeros que han intuido su repercusión están alarmados y así me lo han transmitido. A fin de cuentas lo del IVA había nacido con sentencia de muerte que se ejecutaría al tratar de hacer efectiva la norma e intentar cobrarle a un pobre lo que no tiene.

Me estoy refiriendo ahora a la consulta vinculante DGT V0675-16 de 18 de febrero en la que este Órgano considera que el vencedor en costas debe incluir en la base liquidable general de su declaración de IRPF el importe recibido por tal concepto, no siendo deducible el gasto en el que ha tenido que incurrir en la factura a su abogado, al pagador-vencido de las costas le permitirá deducírselo.

La resolución vuelve a descubrir algo que ya lleva siglos instituido en nuestra sociedad (aunque nos importa especialmente el periodo IRPF) sin que hubiera duda al respecto y verifica que en muchas ocasiones las resoluciones de la DGT parecen más un plan de marketing (buscando un nicho de mercado) que una disposición aclaratoria de la norma dictada con neutralidad de experto y dispuesta a impartir y confirmar el principio de justicia tributaria. En concreto y tratando el tema de debate sobre las costas de preferentistas (aunque extensible al resto) la DGT parece haberlo encontrado ese “negocio” que estaba sin explotar y parece dispuesta a hacerlo.

Para ilustrar más cómodamente al lector le pondré un ejemplo. El sr. Pérez ha sido demandado por el Sr. Martínez debiendo el primero contratar los servicios de un abogado al que le debería pagar sus honorarios. Terminado el proceso el Sr. Pérez ha tenido la “suerte” de ganarlo y además de recibir la indemnización de las costas por parte del sr. Martínez (que incluso puede ahora pensar que debió estarse quieto) que también debe pagar los honorarios de su abogado.

Bien, ahora a tributar. El sr. Pérez, flamante vencedor, deberá declarar en su IRPF (con el mismo tratamiento que un salario) las costas recibidas sin poder deducir el gasto que supuso la factura de su abogado por considerarse de consumo y, por tanto, no deducible. El Sr. Martínez sí que puede fiscalmente descontar de su renta las costas pagadas. Obviamente los dos abogados (es lo más normal del asunto) en sus rentas tributarán como les corresponde habitualmente.

Puestos a imaginar sigamos haciéndolo y que el Sr. Martínez se llame Administración Pública que pretendió cobrarle algo que finalmente no era correcto según un Tribunal. El sr. Martínez para defenderse de algo injusto habrá pagado a su abogado, sin posibilidad de deducirlo. Si cobra costas de la Administración debe tributar por ellas (puede que más de la mitad de ellas -dependiendo de la Taifa en la que caiga su domicilio fiscal-, llevo un tiempo pensando que tarifa y taifa deben tener un origen común) aunque fuera la propia Administración la que trató de cobrarle lo que no correspondía. Conclusión: siempre gana la banca.

Lo que para el responsable de la DGT es gasto de consumo (honorarios a un procurador y letrado) para las leyes procesales son gastos obligatorios al ser preceptiva su intervención (otras veces en las que no lo es será siempre muy recomendable e imprescindible su contratación para salvar los derechos del afectado).

Concluyendo, creo que debería nuestro colectivo presionar a la Administración Tributaria en el sentido de que el gasto de letrado y procurador no ha sido en la mayoría de los casos voluntario sino imprescindible para poder defenderse en juicio. Vemos una sociedad muy implicada en bajar el IVA para determinadas actividades (muchas veces lúdicas) pero todavía no he oído a nadie reclamar que los gastos de abogado y procurador puedan tener dicha prioridad para el cliente. Pero esa es otra historia.


   

Ojo avizor (I): El IVA y el turno de oficio

Hace pocas semanas y ante las protestas de algunos colectivos de abogados (suficientes para convencer al CGAE a secundarlos) se pudo conseguir el compromiso de la Administración de dar marcha atrás en la calificación de los servicios de turno de oficio como sujetos y no exentos de IVA. Si bien desde junio de 1986 (con solo seis meses de aplicación del IVA en España) ya se había aclarado por Resolución de DGT su consideración como servicio no sujeto, más de 30 años después se habían dado cuenta que exactamente lo mismo (un servicio público de extrema necesidad y ampliamente generalizado), sin embargo, ahora estaba sujeto y no exento. Para los que nos preocupaba el tema se advertía especialmente el disparate que suponía tratar, como expresamente se señalaba, de repercutirlo al beneficiario del servicio que era siempre persona con escasos recursos (a veces ninguno).

En puridad y si el sistema no influía perversamente en recortar todavía más las retribuciones de este servicio (p.e. decir que el IVA iría incluido en las tarifas pues no se había presupuestado previamente o similar -los disparates nos salen cuando nos terminan acostumbrando a ellos-) para el abogado era una medida económica neutral aunque con muchos inconvenientes como el de adelantar el pago del IVA en las liquidaciones por las demoras de la propia Administración) y la gestión de cobro que habría que asumir por el propio letrado o lo colegios profesionales frente a una persona sin recursos y bastante aturdida por la petición a la que habría que cobrarle el IVA.

Lo último en cuanto a ese compromiso del Ministerio de Justicia es que se hará mediante proposición de ley una modificación de la ley de Asistencia Jurídica Gratuita que dará encaje legal dejando claro el carácter análogo al indemnizatorio del servicio. Literalmente dice este Ministerio:  “de esta forma, se fortalecerá el principio de obligatoriedad y el carácter indemnizatorio de la asistencia jurídica gratuita. En España, los colegios profesionales asumen la obligación de prestar un servicio público que se fundamenta en el artículo 119 de la Constitución. Por otro lado, la compensación satisfecha por esta asistencia tiene naturaleza análoga a una indemnización, es decir, no se entiende como una retribución puesto que se aleja de los precios de mercado, se impone sin que el profesional tenga capacidad para modificarla, está sujeta a baremo y con ella se pretende indemnizar a los letrados y procuradores por la prestación del servicio sin retribución conforme a los criterios del mercado.”

Nos quedará la lidia con las Administraciones europeas teniendo en cuenta la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 16 de julio de 2016 en al que la DGT justificaba su cambio de criterio ante el carácter oneroso del servicio. ¡Ojo! Que la web de la Agencia Tributaria en su información al ciudadano todavía no ha hecho corrección alguna a fecha de este escrito.

http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/RSS/Todas_las_Novedades/Le_interesa_conocer/Tributacion_en_el_IVA_del_turno_de_oficio.shtml

 

'Territorio común'

El decano de los abogados de Cartagena, José Muelas Cerezuela, ofrece un interesante artículo centrado en 'Territorio común y justicia gratuita de velocidad lenta'

   

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