Miércoles, Octubre 23, 2019
   
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Los funcionarios autonómicos de Industria y Turismo recurren a los tribunales

Funcionarios de la consejería de Industria, Turismo, Empresa e Innovación recurren en los tribunales la modificación de la relación de puestos de trabajo que se llevó a cabo por la Orden de la consejería de Economía y Hacienda, de 11 de julio de 2014.


Las modificaciones planteadas por esta Orden, tal como manifiesta la misma se llevan a cabo por las distintas propuestas de las consejerías y organismos autónomos para facilitar el desarrollo de las funciones y competencias atribuidas a estos, ‘siempre bajo los principios de eficacia y eficiencia’, como cita textualmente la norma recurrida.

‘Principios estos que se ven cuestionados, desde el momento en que la modificación planteada en la Orden de 11 de julio de 2014, tiende a la desprofesionalización de los puestos específicos de la Administración Regional, generalizando las funciones, cuando éstas en cambio deben ser propias de las competencias asumidas por los Centros Directivos de los que dependen estos puestos de trabajo’, según manifiesta Jesús Gómez, uno de los funcionarios firmante del recurso y coordinador de la sección sindical CARM-CGT Murcia, y que así se ha denunciado en el recurso contencioso administrativo interpuesto.

La relación de puestos de trabajo se define por Ley, como una de las herramientas de organización del personal con la que la Administración se dota para ejercer sus competencias en cada área y poder cumplir sus funciones como prestadora de servicios públicos, ya sean de Sanidad, Comercio, Educación, Obras Públicas, Industria, etc., y como así venía cumpliendo su finalidad desde su puesta en funcionamiento.

Afirma Jesús Gómez ‘que lo que pretende este cambio de nombres de los puestos de trabajo especializados, por nombres con carácter genérico, no es otra cosa que la desprofesionalización. No es sólo permitir la movilidad discrecional de empleados públicos entre distintos puestos, por parte de la Administración, libertad de la que goza en el ejercicio de sus potestades discrecionales, pero no extra legal, sino por el contrario remitida por la ley, como está reglada la movilidad de empleados entre puestos de trabajo, y no al arbitrio e interés político, como ahora hace’.

La desprofesionalización de la Función Pública que pretende este Gobierno Regional, supone una pérdida de derechos para los empleados públicos, pero también de derechos y garantías para los ciudadanos y la sociedad, algo tan palpable que cada día tenemos más cerca, véase en la Educación, la Sanidad o la Seguridad, entre otros, y por los que debemos oponernos a este desmantelamiento sistemático y continuado de lo público.

 

 

 

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