Viernes, Septiembre 20, 2019
   
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Parece muy complicado que el ‘caso Cala Cortina’ se juzgue antes el verano

El procedimiento ya está en manos de la sección quinta de la Audiencia Provincial, en Cartagena, tras el auto de la jueza Emilia Ros que ordena la apertura de juicio oral tras dar por concluida la fase de instrucción, sin modificación alguna sobre lo previsto, y también establece una fianza para los encausados de 470.000 euros ante posibles indemnizaciones. Dado los numerosos días que se precisan para la celebración, el juicio no parece viable que tenga lugar antes del verano.

  • La Fiscalía acusará a los cinco policías nacionales acusados de la muerte de Diego Pérez en marzo de 2014 de los delitos de detención ilegal y homicidio, al igual que la acusación particular que representa a la hija de la víctima, mientras que el abogado de los demás familiares considera que existió asesinato.

Ahora el foco de atención en el mediático asunto denominado ‘caso Cala Cortina’ mira hacia la sección quinta de la Audiencia Provincial, que deberá buscar fechas para una vista oral con jurado popular y muchos días de celebración, una vez que la instrucción ha concluido. Cuando se destapó este asunto era el deseo de una parte de los protagonistas de este asunto poder celebrarlo antes del verano de 2016, pero el procedimiento fue a más en su desarrollo y ahora hasta parece complicado que tenga lugar antes del próximo tiempo estival.

La titular del juzgado de Instrucción número 4 de Cartagena ha valorado en su auto en 470.000 euros la fianza a depositar por los encausados ante posibles indemnizaciones. Ahora, entre otras cuestiones, y caso de que no se presenten esas fianzas, desde el juzgado se investigarán las bienes de los investigados dentro de una pieza separada para la responsabilidad civil de este procedimiento. Cabe recordar que al tratarse de funcionarios, el Estado sería responsable civil subsidiario en una hipotética condena.

En la vista oral, la Fiscalía expondrá que los cinco policías son culpables de los delitos de detención ilegal y homicio, imputaciones a las que se adhiere la acusación particular que representa a la hija del fallecido, que lleva el letrado Fernando Pignatelli, aunque éste eleva la cifra de la indemnización, mientras que el representante de los hermanos, Francisco Belda, de Ruipérez Abogados,  considera que sí hubo asesinato. Por su parte, las defensas de los cinco agentes pedirán que sean absueltos sus clientes.

 

 

 

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