Viernes, Noviembre 24, 2017
   
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Del mar a la cárcel

El juzgado de Lo Penal número 3 de Cartagena, en sentencia que ha ratificado la Audiencia, condena a cinco detenidos en una operación del Servicio de Vigilancia Aduanera en el puerto de Tomás Maestre, de La Manga del Mar Menor, donde fue interceptado el yate ‘Habanera I’ con casi tonelada y media de cannabis, que estaban ocasionando un hundimiento anormal de la proa de la embarcación.


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En la noche del 6 de octubre de 2015, en una operación que se inició por el contenido de escuchas telefónicas, el servicio de Aduana interceptó un yate que portaba estupefacientes, deteniendo al patrón de la embarcación (la cual presentaba un hundimiento anormal de la proa debido al exceso de peso), al propietario, a la persona que tenía que descargar el material (y que trató de huir arrojando los teléfonos móviles que portaba al ver a los funcionarios) y el hombre que estaba en labores de vigilancia, que al observar lo que estaba sucediendo avisó a otro implicando indicándole que abortada la operación. Esta última persona, empleada del Puerto Tomás Maestre, fue arrestada al día siguiente junto con otra de las personas que había organizado el desembarco. La mayoría tenía antecedentes penales, especialmente el patrón, pues en su historial figura una condena de la Audiencia Nacional de tres años y un día dictada en 2008 y otra de dos años por la Audiencia Provincial de Pontevedra en 2011. Los detenidos estuvieron en prisión provisional durante varias semanas.

El juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 7 de San Javier, bajo la dirección del juez Antonio Morente, dictó el auto de entrada y registro en el yate ‘Habanera I’, donde se encontraron 44 fardos de resina de cánnabis con un peso de 1.419 kilos, cuyo precio en el mercado ilícito hubiese alcanzado más de dos millones de euros.

Hay que destacar la agilidad de la instrucción en esta causa, que en mayo de 2016 celebró la vista oral, en dos sesiones, en la sala del juzgado de Lo Penal número 3 de Cartagena. La Fiscalía solicitó 6 años de cárcel para cada uno de los encausados, siendo la condena impuesta por la jueza de tres años y medio, más multa de 4.626.070 euros.

Esta sentencia fue recurrida ante la Audiencia Provincial por los abogados Manuel Maza (representaba a tres detenidos), Mariano Bo y Pablo Martínez. El tribunal de la sección quinta la desestima aclarando que no existe la menor indicación de que se produjera una mala fe procesal en la asignación del caso a un determinado juzgado y que tampoco se dan motivos para la nulida, “ni siquiera una irregularidad”. También rechaza ilegalidad en el registro del yate, que fue acordada por el juzgado, “pero en un supuesto de haberse practicado con carácter previo a la autorizació judicial, ello no implica una vulneración del derecho a la intimidad e inviolabilidad del domicilio”, apunta en base a una sentencia del Supremo de fecha de 2009. En la sentencia se rechazan otros argumentos y se concluye confirmando el fallo judicial del juzgado de Lo Penal número 3 de Cartagena.

 

 

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