Miércoles, Diciembre 19, 2018
   
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La ley de Vivienda contiene soluciones, la de Ciudadanos, promueve el odio

El pasado 20 de marzo, el partido de Albert Rivera se alió con el PP en la Mesa del Congreso para impedir la tramitación de la Ley Vivienda PAH. Una propuesta de ley realizada por las mismas familias afectadas que durante los últimos 9 años han parado desahucios a pie de calle. Una propuesta que, de aprobarse, acabaría con la emergencia habitacional. De este modo, PP y Ciudadanos pretendían impedir que una ley necesaria para salvar vidas en juegos ni siquiera se debatiera en el Congreso, protagonizando uno de los ataques más grotescos a la democracia.


Por si fuera poco, el mismo día en que Ciudadanos daba la espalda a las familias vulnerables, registraba en el Congreso una propuesta de ley para agilizar los desalojos forzosos de familias que se han visto en la necesidad de ocupar. De nuevo, Ciudadanos demuestra no tener ningún tipo de visión sobre la problemática habitacional actual. Los precios del alquiler han aumentado un 40% sólo entre 2013 y 2017. Más del 60% de los desahucios son actualmente por impagos de alquiler, porque las familias no pueden hacer frente a los precios desorbitados. Y las personas vulnerables que se ven en la calle, encuentran cerradas las puertas de la Administración pública, la cual solo cuenta con un 1% de parque público en todo el Estado para realojar a las 600.000 familias que han sido desahuciadas desde 2009.


Estas cifras de la vergüenza son obra de las políticas del gobierno del PP que tanto protege Ciudadanos. Resultado de años de ausencia de políticas públicas que aseguraran el Derecho a la Vivienda, unido al bloqueo sistemático de cualquier iniciativa ciudadana que ofreciera soluciones reales. Un contexto donde las familias tienen que acabar decidiendo entre vivir en la calle con sus hijos, u ocupar por necesidad. El gobierno del PP es quien ha provocado e incitado que las familias se vean forzadas a ocupar. Una decisión que acarrea momentos de desprotección jurídica y tensión emocional para las familias, ya que se encuentran en una situación de incertidumbre e irregularidad.


Ciudadanos, en vez de ofrecer soluciones que aumenten el parque público y regulen los precios del alquiler, registra una ley que se centra en permitir a la policía entrar a la fuerza en viviendas ocupadas sin ninguna orden judicial para identificar a los ocupantes. Más aún, esta propuesta incluye que las familias que ocupen viviendas ya no puedan acceder a ayudas públicas durante períodos de 6 meses a un año, con lo que dejan a las familias en una completa desprotección que les incita a reincidir en la ocupación para poder sobrevivir. Y repitiendo de este modo un bucle de criminalización que no ofrece soluciones. Además, endurece gravemente las penas de cárcel, amplía el plazo de prescripción del delito, y permite a los Ayuntamientos desahuciar. El único objetivo de esta iniciativa es proteger el conjunto de pisos vacíos que acumulan los bancos tras haber desahuciado a cientos de miles de familias. Hablamos de pisos vacíos que acumulan a precios elevados, para así elevar el precio del mercado y especular con la vivienda.


La Ley Vivienda PAH sí que ofrece soluciones, porque resuelve el auténtico problema: la ausencia de políticas públicas que garanticen el Derecho a la Vivienda. Con este afán, proponemos en primer lugar la creación de un parque público de alquiler, forzando a los bancos a que cedan sus pisos injustificamente vacíos a las Administraciones municipales. En estos pisos cedidos se podría realojar a las familias en emergencia, con alquileres sociales de 10 años por un 18% de sus ingresos. Con lo que las cesiones no costarían nada de dinero de los presupuestos del Estado, e incluso podrían representar una entrada de ingresos de las Administraciones municipales a través de estos alquileres sociales.


Nosotras ya estamos haciendo efectiva esta medida mediante la campaña de la Obra Social la PAH, en la que realojamos familias en pisos vacíos de entidades financieras que han sido rescatadas con dinero público. Cada uno de estos realojos es una recuperación de una vivienda que debería ser pública, devolviendo su función social y rescatando a las personas en vez de a los bancos. A día de hoy, hemos conseguido realojar a más de 4.000 personas. Lo que demuestra que es cuestión de voluntad política que estas victorias, conseguidas desde abajo y sin recursos, sean convertidas en una ley que nos proteja a todas.


Y aún llegamos más lejos, proponiendo en la Ley Vivienda PAH que existan mecanismos de primera oportunidad que garanticen el acceso de las familias a un alquiler asequible. Este objetivo se alcanzaría dotando a los Ayuntamientos de la capacidad de crear índices de referencia, con los que establecer baremos que marquen los precios adecuados de los alquileres según las características de las viviendas y la capacidad adquisitiva de la población. Una medida que ya funciona en Alemania, y que permitiría evitar procesos de expulsiones de vecinas de sus barrios y municipios de toda la vida por no poder hacer frente a los alquileres.


Con estas medidas en marcha, las familias no se verían forzadas a ocupar, porque el Derecho a la Vivienda estaría garantizado para todas nosotras y las futuras generaciones. La buena noticia, es que todavía existe la posibilidad de debatir democráticamente la Ley Vivienda PAH en el Congreso. A pesar de que Rivera y Rajoy se aliaron para impedir su tramitación y que así continuarán los desahucios, ahora existe la opción de presentar un recurso frente al Congreso. Este recurso obligaría a que la Mesa del Congreso volviera a valorar la necesidad de tramitar nuestra ley, lo que sería un mínimo democrático.


Es inadmisible que dos partidos políticos establezcan una frontera en el Congreso entre lo que se puede hablar y lo que no. Ciudadanos pretenda que sólo se pueda hablar de criminalizar a las familias vulnerables, mientras impide que se hablen de soluciones de sentido común que ya funcionan en el resto de la Unión Europea. En democracia, la voz de la ciudadanía, y especialmente de aquellas personas más vulnerables, debe ser escuchada. Nosotras lo tenemos claro. PP y Ciudadanos pretenden secuestrar la democracia, pero nosotras la recuperaremos en las calles. Seguiremos en pie, desobedeciendo leyes injustas, hasta conseguir una ley de justicia.


¡Sí Se Puede!

 

 

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