Domingo, Diciembre 16, 2018
   
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La Fiscalía carga de años al gabinete de Barreiro en la 'operación Púnica'

La pieza separada de la trama nacional destapada en 2014 llega a las conclusiones del ministerio público, que solicita penas que suman 75 años para 15 investigados, de los que 12 años de prisión se piden para Francisco Ferreño y Mar Conesa, mientras que para el exalcalde cartagenero José Antonio Alonso (en la foto adjunta) se solicitan seis años y medio y para el expresidente autonómico Pedro Antonio Sánchez se piden dos años.  


Doce años:

  • Francisco Ferreño, exjefe de Gabinete de Alcaldía de Pilar Barreiro en Cartagena, investigado de fraude, malversación y falsedad documental.
  • María del Mar Conesa, del gabinete de Alcaldía, investigada por fraude, malversación y falsedad

Seis años y medio:

  • José Antonio Alonso, exalcalde de Cartagena y exdiputado nacional. Investigado por fraude, malversación de caudales, falsedad documental y prevaricación

Dos años y medio:

  • Juan Carlos Ruiz, exconsejero de Turismo de la Comunidad Autónoma, investigado por fraude y prevaricación
  • José Fidel Saura, exjefe de Gabinete del consejero de Turismo y exconcejal de Cartagena, investigado por fraude
  • Reyes Samper, exdirectora del Instituto de Fomento, investigada por fraude
  • Mariola Martínez, exdirectora general del Instituto de Turismo, investigada por fraude y prevaricación

Dos años:

  • Pedro Antonio Sánchez, expresidente de la Comunidad Autónoma y diputado regional. Investigado por un delito de fraude.

Año y medio:

  • David Conesa, del gabinete de Pedro Antonio Sánchez, acusado de fraude en calidad de cooperador necesario.


Pilar Barreiro, exalcaldesa del ayuntamiento de Cartagena, no aparece en esta pieza separada por su condición de senadora, llevando su caso el Tribunal Supremo.

Operación Púnica es el nombre dado al operativo que llevó a cabo el 27 de octubre de 2014 la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil a instancias del juez Eloy Velasco, de la Audiencia Nacional, con un balance de 51 políticos, ediles, funcionarios y empresarios detenidos por estar supuestamente implicados en una trama de corrupción que adjudicó servicios públicos por valor de 250 millones de euros en dos años a cambio de pagos y comisiones ilegales, que posteriormente eran blanqueados a través de un entramado societario.

 

 

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