Miércoles, Noviembre 21, 2018
   
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Nueva ley para que el impuesto de las hipotecas lo paguen los bancos

Concentración de protesta ante los juzgados de Cartagena por la decisión de ayer del Supremo

Tras la polémica por las sentencias del TS, hoy el gobierno de la Nación anuncia un cambio legislativo para que no sean los consumidores los que paguen este tributo. Adicae considera que ha sido una victoria de los usuarios y afirma que irá a Europa para revocar la última sentencia del Alto Tribunal. Sin embargo, algunos temen que finalmente los bancos se libren del carácter retroactivo y no tengan que devolver el dinero de los impuestos cobrados en los últimos cuatro años. Consumur afirma que se ha puesto en entredicho la independencia judicial y la Asociación de Juezas y Jueces para la Democracia pide la dimisión de Carlos Lesmes. Las federaciones de vecinos llaman a la movilización social contra una decisión "indignante e injusta".



Nota de prensa del Gobierno de España
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha afirmado en rueda de prensa que "los españoles no volverán a pagar el impuesto de las hipotecas, lo hará la banca".  Sánchez ha anunciado que el Consejo de Ministros aprobará mañana un Real Decreto Ley que modificará el artículo 29 de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados para que sea la banca quien pague este tributo.

El Ejecutivo tomará esta medida tras la decisión adoptada ayer por el pleno de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo de "desestimar los recursos planteados y volver al criterio según el cual el sujeto pasivo del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados en los préstamos hipotecarios es el prestatario".  El cambio entrará en vigor cuando sea publicado en el Boletín Oficial del Estado.

Pedro Sánchez afirmó que "el Gobierno respeta la labor e independencia del  poder judicial, pero lamenta la sentencia".  El Ejecutivo, añadió el presidente, "tiene un compromiso con la seguridad jurídica y con los intereses de la ciudadanía", por ello, afirmó, "el Gobierno garantizará un escenario previsible y estable en interés de todos los operadores implicados".
En esta línea, el presidente ha informado de que el Ejecutivo remitirá a las Cortes Generales la propuesta de creación de la Autoridad Independiente de Protección del Cliente de Productos Financieros, que tendrá como objetivo reforzar la protección ante abusos, mejorar la capacidad de resolver conflictos, y garantizar la seguridad jurídica.

El impuesto de Actos Jurídicos Documentados está regulado en el Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. Es un impuesto que está cedido a las comunidades autónomas.  El gravamen que aplica cada territorio del régimen común oscila entre el 0,75% y el 1,5%. Navarra y el País Vasco aplican el 0,5%. Dicho tributo se aplica, entre otros supuestos, al formalizar un préstamo hipotecario.

Nota de prensa de ADICAE
La Asociación de Usuarios de Bancos Cajas y Seguros considera una victoria de los consumidores que la banca pague el impuesto y la creación de la Autoridad Independiente y saluda el Real Decreto Ley anunciado por el Presidente del Gobierno para que a partir de ahora sean las entidades las que paguen el impuesto de las hipotecas, pero mantiene sus demandas colectivas sobre gastos hipotecarios y organiza la reacción de los consumidores para que la banca pague lo que el Supremo sentenció como abusivo en 2015.

ADICAE celebra que Pedro Sánchez y su Gobierno haya escuchado el clamor social de millones de hipotecados en contra de la decisión tomada por el Tribunal Supremo este martes. La asociación considera una verdadera victoria de los consumidores el Real Decreto Ley que obligará a pagar el impuesto de Actos Jurídicos Documentados a partir de ahora a la banca.

La asociación valora de forma muy positiva también la creación de la Autoridad Independiente de Protección al Cliente Financiero, un supervisor que ADICAE lleva exigiendo más de diez años ante la ineficacia del Banco de España y la CNMV que ha convertido en un laberinto sus decisiones para el consumidor.

Esta autoridad independiente es un gran avance para los consumidores, puede coordinar la supervisión de los organismos y proteger al consumidor financiero estableciendo una relación nueva entre la banca y los clientes.

La decisión del Gobierno no afecta a las demandas colectivas que seguirán su curso mientras ADICAE sigue recogiendo cientos y cientos de solicitudes para reclamar los gastos hipotecarios que ya fueron declarados nulos por el Supremo y que han originado centenares de sentencias a favor de los consumidores.

La ajustada decisión del Supremo y la decisión tomada hoy por Sánchez demuestra que la batalla judicial sigue en pie, y apunta a que acabará en el TJUE. ADICAE no baja los brazos y sigue organizando la reacción de los millones de hipotecados que quieren reclamar los gastos hipotecarios con asambleas, en su plataforma de afectados y en la web www.hipotecaconderechos.es

El Gobierno ha tomado un buen rumbo en sus decisiones adoptadas hoy pero ahora tiene que completar el camino con la aprobación en el parlamento de una buena ley hipotecaria que defienda a los consumidores, no solo en el reparto de los gastos hipotecarios, sino en temas fundamentales como las cláusulas suelo o el vencimiento anticipado.

  • Comunicado de Consumur

La Asociación Murciana de Consumidores y Usuarios CONSUMUR muestra su indignación por la decisión final del Tribunal Supremo de que ha de ser el consumidor, y no la entidad bancaria, quien debe pagar el impuesto sobre actos jurídicos documentados de los préstamos hipotecarios, retrocediendo así en la decisión adoptada hace tan sólo unas semanas.

Para CONSUMUR esta vuelta atrás, a favor de la Banca, supone claramente el descredito del orden judicial español y genera una gran inseguridad jurídica.

“Es inauditable que un mismo tribunal en el margen de menos de 15 días falle a favor y luego en contra de un mismo caso. Consideramos que en este sentido no ha habido claramente una independencia judicial respecto a los poderes económicos”, declara Roberto Barceló Vivancos, Presidente de CONSUMUR, quien, además, entiende que “se debe legislar en este sentido para proteger mejor los derechos de los consumidores y usuarios”

La organización hace un llamamiento a la ciudadanía para que se manifieste activamente respecto a estas situaciones que lo único que provocan es menoscabar la confianza en el Estado y generar incertidumbre.

Finalmente, CONSUMUR confía que el Tribunal Superior de Justicia de la UE, al igual que sucedió en 2013 con respecto a la cláusula suelo, rectifique esta sentencia tan incomprensible, aunque así se ponga en entredicho la credibilidad del sistema judicial español, una vez más.

A día de hoy, la organización tiene abiertos un gran número de procedimientos judiciales en representación de sus asociados, en los que se reclama tanto la devolución de las cantidades cobradas indebidamente por la cláusula suelo como los gastos de formalización del préstamo hipotecario que correspondía abonar a la banca, y no a los consumidores, entre los que espera poder incluir finalmente este Impuesto. Por ello, anima a todos los ciudadanos que no caigan en el desánimo tras esta decisión judicial y reclamen sus derechos.

  • Protestas en la calle

Durante la mañana de hoy han tenido lugar concentraciones de protestas en diferentes ciudades por la decisión del Supremo de ayer sobre el impuesto de las hipotecas. Entre otras ciudades ha estado Cartagena, en una concentración celebrada ante la fachada del Palacio de Justicia convocada por la Plataforma de Afectados por las Hipotecas para protestar por la decisión del TS "de favorecer a los bancos en contra de las personas". En estas concentraciones también se han producido comentarios en contra de la decisión del Gobierno de la Nación de cambiar la Ley, "porque se corre el riesgo de que si al final Europa da la razón a la sentencia primera del Supremo, se pierda el efecto retroactivo de cuatro años, con lo que los bancos se librarían de esos pagos",  indicaban uno de los asistentes a esta redacción.

  • Comunicado de la Plataforma de Afectados porlas Hipotecas de Cartagena

La Sala de lo contencioso del Tribunal Supremo ha perpetrado un nuevo golpe a la ciudadanía de este país, en su permanente parcialidad, dependencia y sumisión a los poderes económicos. El presidente de la Sala, decidió, en una acción sin precedentes, la suspensión de todos los procedimientos ya en trámite, y la convocatoria de la reunión que ayer concluyó con una flagrante violación de la jurisprudencia del TJUE en relación con las cláusulas abusivas.

Después de 2 semanas de intensa presión mediática de la banca en su favor, han logrado que jueces serviles a sus intereses, volteen una jurisprudencia justa y acorde con la europea, nacida de la Sección II.

Esta decisión viene a confirmar la impunidad que los máximos jueces de este país otorgan a las entidades financieras. No olvidamos su sentencia sobre las cláusulas suelo, su consulta al TJUE sobre el vencimiento anticipado o los intereses de demora. No lo olvidamos.

Tampoco olvidamos cómo han venido ignorando sistemáticamente los más de 700.000 desahucios ni cómo han mirado a otro sitio cuando sentencia tras sentencia del TJUE iban llegando derechos a los hipotecados, ellos no han hecho el menor esfuerzo para revisar nuestras injustas leyes.

çSiempre hemos dicho que todos los poderes del Estado han estado al servicio de la banca.  El político, manteniendo una legislación a todas luces injusta, y en muchos aspectos ilegal, según ha sentenciado en casi 20 ocasiones el TJUE. El judicial, salvo muy honrosas y escasas excepciones, aplicando rutinariamente esa legislación que expulsa a la gente de sus casas y les deja deudas impagables y de por vida, y dictando sentencias como esta, fuera de toda lógica jurídica y opuesta a la doctrina del TJUE. Y por supuesto, el aparato represor que nos empuja, golpea o multa con la ley mordaza. Todos ellos, trabajando para garantizar la impunidad financiera.

Pero por si a los banqueros no les basta, en el Congreso se está tramitando la ley de crédito inmobiliario, elaborada por el banquero De Guindos y orientada a la protección aún mayor de la banca frente a la gente, moderando cláusulas abusivas e intentando reactivar los miles y miles de procedimientos suspendidos por la acción del Supremo ante el TJUE sobre el vencimiento anticipado. Y PP, Cs y PSOE quieren aprobar ese proyecto, mientras PP y Cs están bloqueando la Ley de Vivienda de la PAH mediante la petición de prórrogas del plazo de enmiendas.

Parece que a nadie le importen los más de 33.000 desahucios del primer semestre de este año, ni los precios de los alquileres, o los precios de compra de viviendas, ni la violación de los Derechos Humanos en materia de vivienda que no cesa de denunciar el Comité DESC de la ONU… Quieren reactivar las ejecuciones hipotecarias para que haya más desahucios y podamos incluso superar las cifras de los peores años de la crisis.

  • Comunicado de la asociación Juezas y Jueces para la Democracia

En el día de ayer hemos tenido conocimiento del resultado de la reunión del Pleno de la Sala III del Tribunal Supremo convocada por su presidente, D. Luis María Díez-Picazo Giménez, para revisar el criterio seguido por la reciente Sentencia 1505/2018, de 16 de octubre (R. 5350/2017), de la Sección Segunda de dicha Sala, especializada en asuntos tributarios.

En una actuación insólita del Sr. Presidente de dicha Sala, y que denunciamos en un reciente comunicado, frente a una decisión firme de la Sección, con admisión a trámite del asunto por Auto de 15 de enero de 2018 firmado por el Sr. Díez-Picazo, se avocó la decisión al Pleno, decisión avalada por el Presidente el Tribunal Supremo, D. Carlos Lesmes. Esta insólita actuación de avocar a pleno un asunto después de conocida la Sentencia contraviene los arts. 197 y 198 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, altera la correcta marcha procesal de los asuntos, y sume en el desconcierto a la ciudadanía y a los interesados. De esta insólita y anómala actuación tuvo que pedir seguidamente disculpas el Sr. Lesmes.

El resultado, con una discusión de dos días, ha sido dirimido por el Sr. Díez Picazo: con 15 votos sobre 13, se revierte una solución dada por sentencia sobre la que no caben recursos ordinarios, dictada por la Sección especializada en asuntos tributarios, y en la que consta la declaración de nulidad de un precepto reglamentario, el art. 68.2 del Real Decreto 828/1995, de 25 de mayo, sobre el impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, que declaraba sujeto pasivo del impuesto en las escrituras de préstamo hipotecario al prestatario, decisión que hemos de tomar como firme.

Desde Juezas y Juezas para la Democracia queremos manifestar nuestra adhesión en su integridad a los principios constitucionales, entre los que figuran promover la igualdad del individuo y remover los obstáculos que la impidan (art. 9.2 CE), y la protección de los consumidores y usuarios (art. 51). Queremos recordar que la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea exige de los poderes públicos establecer la garantía de un alto nivel de protección de los consumidores y usuarios (art. 38).

Recordamos que estamos vinculados por el principio de legalidad, y, como jueces nacionales dentro del sistema de Derecho Comunitario, por las Directivas 1993/13/CEE, de 5 abril, de cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, y 2014/17, de 4 de febrero, sobre contratos de crédito sobre bienes inmuebles celebrados con consumidores.

Esta última Directiva, en una nueva dejación del legislador español, ni tan siquiera ha sido transpuesta al Derecho Interno, con un plazo vencido desde marzo de 2016. Reclamamos del legislador español, dentro del ámbito de sus competencias, la transposición de todas las directivas comunitarias de protección al consumidor teniendo en cuenta los principios información, incorporación, transparencia y protección al consumidor que el sistema europeo establece.

Lamentamos la insólita y pésima gestión llevada a cabo por el Sr. Luis María Díez-Picazo, avalada por D. Carlos Lesmes, de todo este asunto. Desde Juezas y Jueces para la Democracia consideramos que el desasosiego, primero, y la desazón, después, en la ciudadanía ha sido fruto de la nefasta gestión de este asunto llevada a cabo por los Sres. Díez-Picazo y Lesmes. Semejante actuación no sólo merece una disculpa, sino que avocan a su  inmediata dimisión.

  • Comunicado de las federaciones de vecinos

La Confederación Estatal de Asociaciones Vecinales (CEAV) que engloba a más de 100 Federaciones vecinales y más de dos mil asociaciones vecinales, llama a la movilización social contra la indignante e injusta decisión que considera que todo o parte de los gastos generados por la tramitación de los préstamos con garantía hipotecaria deben de soportarlo los y las clientes.

Tenemos claro desde el movimiento vecinal organizado que las presiones financieras han obligado a enmendar la Sentencia del TS de 16 de Octubre que viene a declarar que el beneficiario del documento notarial en el que se recoge la hipoteca no es otro que el banco, pues él (y solo él) está legitimado para ejercitar la hipoteca en caso de impago de un modo rápido y privilegiado, por estar inscrita en el Registro de la Propiedad. Sólo al banco le interesa la inscripción de la hipoteca, que es el elemento determinante del pago del impuesto de Actos Jurídicos Documentados, pues solo a él debe imputarse el pago del citado impuesto.

En una sociedad aparentemente democrática donde impera la separación de poderes entre el legislativo, el ejecutivo y el judicial no es admisible que los poderes económicos financieros acaben imponiendo su criterio al poder judicial como hemos podido ver hoy. Existen fundamentos jurídicos suficientes para imponer a los bancos el pago del impuesto, por lo que este debería ser el único criterio que debe prevalecer frente a las presiones de los poderes económicos.

Por tanto, desde la CEAV hacemos un llamamiento a los vecinos y vecinas de todo el Estado a participar y organizarse en las diferentes acciones que se planteen contra esta decisión injusta, irracional y que desprotege aún más a la ciudadanía frente a los poderes bancarios y financieros. Nos reiteramos en que, si la hipoteca a quién beneficia exclusivamente es al Banco, éste debe ser el que pague el impuesto.

 

 

 

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