Lunes, Mayo 20, 2019
   
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Denuncian impagos a funcionarios judiciales prometidos en la 'crisis de las pateras'

CCOO afirma que el subdirector de relaciones con la Administración de Justicia "no cumple con su palabra" en referencia al trabajo extra que llevaron a cabo funcionarios de Fiscalía y del juzgado del Instrucción número 2 de Cartagena en noviembre de 2017, cuando se produjo la masiva llegada de inmigrantes ilegales. El sindicato asegura que los empleados de Instrucción han recibido 300 euros como gratificación, mientras que los restantes llevan quince meses esperando.


Texto del comunicado remitido por CCOO:

El pasado mes de Noviembre de 2017, después de varios días de guardia, el Juzgado de Instrucción nº 2 de Cartagena acabaron una guardia tras 8 días con cerca de 450 IE, mas DUD y demás diligencias de guardia.

Una vez terminado el carácter “excepcional” por la entrada masiva de inmigrantes a nuestras costas, parte de ellas se volvieron a registrar, escanear y pasar todo al sistema Minerva puesto que los ordenadores que se instalaron al efecto no tenían dicho sistema operativo.

El Juzgado de Instrucción nº 3 de Cartagena se habilito de guardia y se unió a la que estaban desarrollando los funcionarios y funcionarias del Juzgado de Instrucción nº 2 de Cartagena para la tramitación de los IE.

Desde CCOO se solicitó que la situación que se había dado en los Juzgados de Cartagena se asimilara al carácter excepcional que se contempla en la Audiencia Nacional cuando se dan casos que así lo requieren y se “gratifique” excepcionalmente a los compañeros y compañeras como así se hace en dicha Audiencia.

Pues bien, el  personal de dicho juzgado nº 3 ha recibido en la nómina de junio  2018 la cantidad de 300 euros como “gratificación” por su trabajo realizado, no así los del Juzgado nº 2 y los funcionarios de Fiscalía de Área de Cartagena a pesar de las reiteraciones que desde este Sindicato se ha hecho a esa Subdirección General de Medios Personales y personalmente al Subdirector José Ramón Crespo que previamente se había comprometido al abono para todos y todas las funcionarias que estuvieron prestando sus servicios. Es decir llevan un año y tres meses esperando el pago de lo que se les había prometido.

 

 

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