Lunes, Diciembre 16, 2019
   
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'Juzgados en el aire'

El Ministerio rechaza el Peninsular y mantiene en el aire dos nuevos juzgados. Siempre nos toca a los mismos, siempre pagamos los platos rotos los mismos.

A las ya añadidas carencias en materia de justicia que sufre Cartagena, como por ejemplo, la falta de un juzgado de menores en nuestra ciudad, ahora se suma el rechazo a un emplazamiento temporal de la ciudad de la justicia, y también la negativa de acoger los dos juzgados que han sido aprobados pero por falta de espacio y recursos aún no están en funcionamiento, un nuevo juzgado de instrucción y un nuevo juzgado de lo mercantil, algo difícil de explicar, que en lo que deriva es en la saturación de la justicia en nuestra ciudad, y ésto pasa gobierne quien gobierne, en España o en la Comunidad, si está el PP pagamos nosotros, si está el PSOE pagamos nosotros.

El problema está claro cuál es. Los partidos de ámbito nacional nos han abandonado, sólo les interesamos cada 4 años para ver si “rascan” algo en las elecciones.

La solución por tanto no puede ser alternarlos, cambiar a uno para poner al otro, la solución pasa por empezar a votar a gente de aquí, a gente comprometida con la ciudad y con la Región, como Somos Cartagena Somos Región. Porque esta situación es ya insostenible, y no solo en materia de justicia.

Lo estamos viendo cada día en todos los ámbitos. Estamos hartos ya de esta situación. 

 

'Reforzar las medidas de protección y apoyo a las mujeres'

Este 25 de noviembre, Juezas y Jueces para la Democracia manifiesta su preocupación y rechazo a posiciones de grupos con responsabilidades institucionales, que niegan alejados de la realidad (51 mujeres fallecidas en lo que va de año a consecuencia de delitos de violencia de género), niegan que exista esta grave vulneración a los derechos humanos de las mujeres y de sus hijos e hijas, victimas también de estos delitos.

Estas posiciones, aunque sistemáticamente ignoran datos empíricos ciertos, cercenan las posibilidades de disminuir los delitos contra las mujeres y dificultan el trabajo y el esfuerzo que las instituciones y la sociedad están realizando para hacer frente a este atentado constante contra los derechos humanos.

Supone un retroceso pretender la invisibilidad de esta violencia y el incumplimiento de los tratados internacionales suscritos por España para prevenir, investigar, castigar y reparar los daños causados por la violencia contra las mujeres, como el Convenio del Consejo de Europa, conocido como Convenio de Estambul.      

Para posibilitar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el privado, queremos reiterar la necesidad de utilizar las herramientas conceptuales que han demostrado su utilidad para este fin y consideramos imprescindible el refuerzo de las medidas de protección y apoyo a las mujeres, que vienen prestándose desde la sociedad civil y desde las instituciones, sin las cuales las leyes previstas en el ordenamiento jurídico no pueden alcanzar su finalidad; por ello consideramos contraproducentes los recortes económicos que de forma directa o indirecta suponen la imposibilidad de aplicar las leyes destinadas a acabar con la violencia contra las mujeres.

Finalmente interesamos la efectividad de las medidas recogidas en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, con la implicación de todos los poderes públicos que están obligados a garantizar la seguridad y el pleno disfrute de los derechos de toda la ciudadanía, incluidas las mujeres, que constituyen más del 50% de la población.

 

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