Sábado, Enero 18, 2020
   
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Rincones de Ley

‘El reparto de las costas en los procesos judiciales’

SUMARIO:

  • 1. Concepto de costas procesales.
  • 2. Reparto de las costas en el procedimiento penal.
  • 3. Conclusiones.


1. CONCEPTO DE COSTAS PROCESALES



El Código Penal vigente regula con carácter general el contenido y el alcance de las costas procesales; asimismo la Ley de Enjuiciamiento Criminal también regula esta materia en los artículos 239 a 246.
El artículo 123 del Código Penal establece que las costas procesales se entienden impuestas por la ley a los criminalmente responsables de todo delito. Antes de la reforma operada en virtud de Ley Orgánica 1/2015 de 30 de marzo, este precepto incluía también  a los responsables de las faltas, infracciones penales desaparecidas del Código a raíz de la mencionada reforma.

El artículo 124 regula el contenido de las costas, y asi, se comprenden los derechos e indemnizaciones ocasionados en las actuaciones judiciales e incluirán siempre los honorarios de la acusación particular en los delitos sólo perseguibles a instancia de parte.

Por su parte la Ley de Enjuiciamiento Criminal en el artículo 239 señala lo que es un principio general en la materia, de ahí que establezca que en los autos o sentencias que pongan término a la causa o a cualquiera de los incidentes deberá resolverse sobre el pago de las costas procesales.

El artículo 240 señala que aquella resolución podrá consistir:
1. En declarar las costas de oficio.
2. En condenar a su pago a los procesados, señalando la parte proporcional de que cada uno de ellos deba responder, si fuesen varios.
No se impondrán nunca las costas a los procesados que fueren absueltos.
3. En condenar a su pago al querellante particular o actor civil.
Serán éstos condenados al pago de las costas cuando resultare de las actuaciones que han obrado con temeridad o mala fe.

Por lo que se refiere al contenido de las costas es el artículo 241 el que dispone que éstas consistirán:
1. En el reintegro del papel sellado empleado en la causa.
2. En el pago de los derechos de Arancel.
3. En el de los honorarios devengados por los Abogados y peritos.
4. En el de las indemnizaciones correspondientes a los testigos que las hubiesen reclamado, si fueren de abono, y en los demás gastos que se hubiesen ocasionado en la instrucción de la causa. 

Según algunos autores, la mención expresa de las costas en el Código Penal parece contradecir el derecho a la justicia gratuita, declarado en el artículo 119 de la Constitución Española. Se argumenta, con carácter general, que el derecho a entablar un proceso penal con libertad debería acompañarse de su gratuidad, para ser realmente efectivo. Sin embargo, frente a esta postura, puede entenderse que este derecho no tiene que ser sufragado íntegramente por la sociedad, sino que cabe un reparto equitativo de las cargas del proceso entre los diferentes actores que en él intervienen y, en este sentido, la imposición de las costas al particular -ya sea parte acusada, querellante, o de otro modo interviniente en el proceso- sería legítima, en primer lugar, en la medida en la que no obstaculizase gravemente el ejercicio de la acción penal y el derecho de acceso a la jurisdicción que cabe derivar del artículo 24 de la Constitución Española y, en segundo lugar, en tanto en cuanto no impidiera alegar un beneficio de pobreza por parte del reo insolvente, lo que supone, a sensu contrario, que «quien puede asumir los costos de su defensa o acusación, debe hacerlo, sin poder invocar el principio de gratuidad» (Quintero).

La naturaleza de las costas procesales resulta discutida; así, mientras para un sector de la doctrina las costas tienen la naturaleza de sanciones penales, para otro éstas no tendrían naturaleza penal, aproximándose su naturaleza más bien a la de la responsabilidad civil. Desde otro sector doctrinal, se argumenta que la naturaleza de las costas es fundamentalmente procesal y resultan consecuencias necesarias de la apertura del procedimiento criminal. Desde este punto de vista, hay que entender que las costas tienen una naturaleza procesal, aunque no deja de ser llamativo el hecho de que la Ley, al imponerlas «a criminalmente responsables de todo delito» parece querer destacar en ellas también su carácter sancionador. Sin embargo, cabe entender esta imposición como una consecuencia lógica del reparto general de los efectos jurídicos del delito, en virtud de la cual las personas declaradas criminalmente responsables responden no sólo con la sanción penal correspondiente, sino también civilmente -en la medida en la que el Código Penal establece para ellas una responsabilidad civil derivada del delito-, y de manera análoga cargan con los gastos originados por el proceso penal. De manera complementaria, cuando se condena en costas a una parte distinta de la acusada -por ejemplo, la parte querellante o su responsable civil cuando haya habido temeridad o mala fe (artículo 240,2º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal), o en otros supuestos-, se entiende que esta imposición resulta equitativa, excepcionalmente, del mismo modo que pueden establecerse también para la responsabilidad civil disposiciones que la impongan a una parte no criminalmente responsable, pero a la que se atribuye dicha carga en virtud de razones generales de reparto de riesgos o de equidad.

Con respecto al concepto de temeridad o mala fe, la jurisprudencia del Tribunal Supremo ha declarado que «no existe un concepto o definición legal  ni jurisprudencial de temeridad o mala fe, por lo que ha de reconocerse un cierto margen a la valoración subjetiva en cada caso concreto enjuiciado, pero también hay que destacar que este Tribunal Supremo, a través de las sentencias dictadas en las diferentes jurisdicciones, ha establecido una pauta general, cuando la pretensión carezca de consistencia que no pueda dejar de deducirse que quien la formuló no podía dejar de tener conocimiento de la injusticia pretendida y de que no llevaba razón, por lo que debe pechar con los perjuicios económicos causados con su injustificada actuación procesal» (TS 25-3-93, EDJ 2931; 13-2-97, EDJ 213).

La doctrina jurisprudencial sobre imposición de costas a la acusación particular en el caso de sentencia absolutoria se recoge, entre otras en la sentencia  del Tribunal Supremo de 24 de abril de 2013 en la que se expone: "Tiene declarado esta Sala que el concepto de mala fe , por su carácter subjetivo es fácil de definir pero difícil de acreditar, no así el de temeridad, que concurre cuando la acusación formulada carece de consistencia en tal medida que cabe decir que quien la ejercitó y la mantuvo no podía dejar de conocer su carencia de fundamento, debiendo ser objeto de interpretación restrictiva estos conceptos, de modo que la regla general será su no imposición (TS 19-9-01, EDJ 31931; 8-5-03, EDJ 30204; 18-2-04, EDJ 8246; 17-5-04, EDJ 44642; 5-7-04, EDJ 82793)”.

Asimismo el Tribunal Constitucional ha señalado (sentencia nº 84/1991) que la justificación o razonabilidad de dicha condena estriba en prevenir los resultados distorsionadores que para el sistema judicial se derivarían de una excesiva litigiosidad y en restituir a la parte contraria los gastos que, en menoscabo de la satisfacción de sus pretensiones, le ocasione la defensa de sus derechos e intereses legítimos frente a quienes les promuevan acciones o recursos legalmente merecedores de la imposición de costas; posibilidad de imposición de costas que constituye un riesgo común «que todo potencial litigante debe valorar y asumir antes de instar la actividad procesal de los jueces y tribunales sopesando, con el adecuado asesoramiento profesional, las posibilidades de éxito de las acciones judiciales que se propongan ejercitar absteniéndose de promover las que, en buena técnica jurídica y según normales criterios de experiencia forense, se manifiesten temerarias, de mala fe o totalmente infundadas».

Por último, el procedimiento para el abono de las costas se regula en los artículos 243 a 246 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal; comenzando por la tasación de las mismas, a cargo del Secretario judicial de la que se da traslado al Ministerio Fiscal y a la parte condenada al pago a fin de que formulen alegaciones en el plazo de tres días.  Transcurrido ese plazo sin haber sido impugnada la tasación de costas practicada, o tachadas de indebidas o excesivas alguna de las partidas de honorarios, se procederá con arreglo a lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Civil (artículos 244 a 246). Aprobadas o reformadas la tasación y regulación, se procederá a hacer efectivas las costas por la vía de apremio establecida igualmente en la Ley de Enjuiciamiento Civil de aplicación supletoria, con los bienes de los que hubiesen sido condenados a su pago. Si los bienes del penado no fuesen bastantes para cubrir todas las responsabilidades pecuniarias, se procederá, para el orden y preferencia de pago, con arreglo a lo establecido en los artículos 125 y 126 del Código Penal.



2. REPARTO DE LAS COSTAS EN EL PROCEDIMIENTO PENAL



El problema que se plantea a continuación es que ocurre cuando son varios los delitos por los que se formula acusación y solo alguno o algunos de ellos son objeto de condena, y que sucede igualmente cuando existen uno o varios imputados en cada uno de aquellos.

Esta cuestión en principio parece trivial o sin importancia cuando se discuten delitos complejos o con graves consecuencias penales, o cuando los acusados son insolventes (supuesto bastante habitual) o los costes procesales no son excesivos, pero no puede olvidarse que en algunos casos, se trata de cantidades nada despreciables (piénsese en los honorarios de los letrados que representan a la acusación particular).

Como señala la sentencia del Tribunal Supremo de 15 de octubre de 2014, (nº recurso 411/2014, roj STS 4343/2014, pte Del Moral García) con carácter general, la distribución de las costas cuando existen varios penados y/o varios delitos (objeto procesal plural objetiva o subjetivamente) admite dos sistemas: reparto por delitos o por acusados. La jurisprudencia se ha decantado por la fórmula basada en una fragmentación de las costas según el número de delitos enjuiciados (hechos punibles y no calificaciones diferentes). Se incluyen como tales los presentes en las conclusiones provisionales (STS 1037/2000, de 13 de junio). Dentro de cada delito se divide entre los acusados como partícipes de cada uno para declarar de oficio la parte correspondiente a los absueltos y condenar a su respectiva fracción a los condenados.

Ello supone que el primer paso es acudir a la distribución por delitos, para luego, y ya dentro de cada delito, proceder a la división entre cada uno de los partícipes.
Esta misma postura afirma que mantener el sistema inverso –esto es, dividir entre el número de acusados, reduciendo luego a su vez la respectiva cuota cuando en alguno de los acusados confluyan condenas por alguno o algunos delitos y absoluciones por otros- arroja resultados menos ponderados. Asi por ejemplo se dice que no sería justo en una causa seguida, por quince delitos distintos (catorce asesinatos atribuidos a un acusado; y un delito de encubrimiento atribuido al co-procesado) que quien solo fue acusado por uno de ellos deba asumir el pago de la mitad de las costas procesales (lo que ocurriría en el caso de hacer primero la división por el número de acusados, dos, luego reparto por mitad) equiparando a estos efectos su posición a la de quien fue condenado por catorce de los delitos enjuiciados.

Lo que señala la Jurisprudencia es que no es posible de ninguna forma aplicar cumulativamente los dos sistemas; por ejemplo multiplicar el número de delitos por el número de acusados. Hay que combinar ambos mecanismos pero no acumulativamente, sino sucesivamente, uno tras otro.

Sigue señalando la sentencia examinada que, la Sala Segunda en las esporádicas ocasiones en las que se ha pronunciado sobre esta cuestión apuesta decididamente por el sistema basado en una fragmentación de las costas según el número de delitos enjuiciados. El reparto "por cabezas" opera después, una vez hechas las porciones correspondientes a cada delito objeto de acusación y excluidas las correspondientes a los delitos por los que se ha absuelto a todos (arts. 123 CP y 240.1.2º LECrim y SSTS 385/2000, de 14 de marzo, 1936/2002, de 19 de noviembre, 588/2003, de 17 de abril; o 2062/2002, de 27 de mayo, entre otras).

Pero también se añade que éste no es en todo caso un criterio rígido pues admite ciertas variaciones que no contradicen la formula general empleada por el artículo 240 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Asi, de forma excepcional se pueden introducir correctivos razonando un apartamiento de esas divisiones cuantitativamente exactas para establecer las proporciones en atención al mayor o menor "trabajo" procesal provocado por los diferentes hechos, para asignar a sus responsables unas cuotas diversificadas (vid. SSTS 233/2001, de 16 de febrero o 411/2002, de 8 de marzo).

Siguiendo la línea antes expuesta traemos a colación la sentencia del Tribunal Supremo de fecha 5 de noviembre de 2008 (EDJ 2008/222319, nº 716/2008, rec. 11338/2007, Pte: Puerta Luis, Luis Román) para poner de manifiesto la relevancia que posee el hecho de que la sentencia condenatoria haya de contener en sus fundamentos jurídicos, los criterios de distribución de las costas atendiendo a los parámetros señalados: número de delitos y número de acusados. Asi en el recurso de casación se señalaba que la sentencia de instancia se limitó a condenar a los dos acusados en costas sin concretar la proporción de la que debía responder cada uno de los acusados vulnerando asi lo establecido en los artículos 123 y 124 del Código Penal en relación con el artículo 240 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Esta sentencia  del Tribunal Supremo casa la sentencia de instancia por este motivo, alegando: “En materia de costas, ningún problema se plantea cuando existe un solo procesado al que se acusa de un único delito. La cuestión se complica cuando se acusa de varios delitos y se condena por algunos y se absuelve de otros; y la complicación se acrecienta cuando los procesados son varios y corren distinta suerte….Por lo demás, cuando se acusa por varios hechos delictivos y la sentencia condena por unos y absuelve por otros, es preciso distribuir las costas entre el número de aquéllos y obrar en consecuencia, imponiendo las costas de aquellos que hayan determinado la condena del procesado y declarando de oficio las correspondientes a aquellos otros en que se haya dictado resolución absolutoria…..Desde la perspectiva expuesta, en el presente caso, hay que partir del número de delitos objeto de acusación, que han sido cinco (detención ilegal en grado de tentativa;  delito de lesiones, en el mismo grado;  por robo o hurto de vehículo de motor, también en grado de tentativa; por proposición de detención ilegal y el último por proposición de mutilación genital). Corresponderá, por tanto, un quinto de las costas por cada uno de los correspondientes hechos delictivos. Como quiera que de los tres primeros hechos delictivos vienen acusados los dos procesados (Gustavo y Jesús Manuel), corresponderá a cada uno de ellos la mitad de un quinto, es decir, un décimo por cada uno de dichos hechos delictivos. Las costas correspondientes a los otros dos delitos, de los que únicamente viene acusado Gustavo, se distribuirán -como ya queda dicho- a un quinto por cada delito. Al haber sido absueltos los dos acusados del delito de robo o hurto de vehículo de motor, un quinto de las costas se declara de oficio, sin imponerlas a la acusación particular, al no apreciarse temeridad ni mala fe al mantener su acusación por dicho hecho delictivo. En conclusión: Un quinto de las costas procesales debe declararse de oficio. A Jesús Manuel deberán imponerse las costas correspondientes a los dos delitos por los que ha sido condenado, es decir, dos décimos de las mismas. Y a Gustavo dos quintos, correspondientes a los delitos (meramente propuestos) por los que ha sido condenado y de los que venía acusado únicamente él, y dos décimos -al igual que Jesús Manuel - por los otros dos delitos por los que ambos han sido condenados”.



3. CONCLUSIONES



A tenor de las consideraciones expuestas, podemos concluir:

1. Las costas procesales se entienden impuestas por la Ley a los criminalmente responsables de todo delito; solo a los condenados se les puede imponer el abono de las costas causadas.

2. Por costas cabe entender, en general, los gastos en los que se ha incurrido durante el proceso penal, con el alcance establecido en el artículo 124 del Código Penal.

3. Que la Jurisprudencia a la hora de establecer un criterio para el reparto de las costas cuando se trata de varios delitos y de varios acusados distintos, se decanta por aplicar primero una división o distribución entre delitos, para en un segundo paso, dividir entre acusados, excluyendo en todo caso, los delitos por los que hayan sido absueltos, cuyas costas son declaradas de oficio (es decir, su abono no puede ser atribuido al acusado absuelto).

4. Que este criterio pese a ser mayoritario admite variaciones en relación a la mayor o menor incidencia procesal de un hecho/s sobre otro.

5. Gráficamente se puede entender este criterio con un sencillo ejemplo: pensemos que se formula acusación por tres delitos distintos, apropiación indebida, falsedad y delito de estafa y que de los mismos se acusa a dos personas; las costas se dividen primero por el número de delitos objeto de acusación, es decir,  1/3 de las costas por cada uno de esos tres delitos; supongamos que en sentencia se absuelve por dos de esos delitos, luego 2/3 de las costas se declararían de oficio. Ello nos deja con 1/3 de las costas susceptibles de condena. A partir de esta primera operación debemos hacer una segunda, atendiendo esta vez al número de acusados por el único delito objeto de condena. Recordar que eran dos los acusados pero se da la circunstancia que uno de ellos resulta absuelto. El único condenado debería abonar la mitad de ese tercio, la otra mitad se declararía de oficio al haber sido absuelto el otro acusado; la mitad de 1/3 es un 1/6. En consecuencia el condenado de nuestro ejemplo, habría de abonar una sexta parte de las costas procesales causadas.



BIBLIOGRAFIA:

 

  1. Compendio de Derecho Penal, Parte General y Parte Especial; autor D. José Maria Luzón Cuesta; Editorial Dykinson SL., año de publicación 2011
  2. Como base de datos jurisprudencial: Fondo Documental CENDOJ, Consejo General del Poder Judicial y U.T.E. EL DERECHO EDITORES S.A.U. / GRUPO EDITORIAL QUANTOR 5. A.U.
  3. MEMENTO PROCESAL, Fecha de edición 12 de mayo de 2015, Ediciones FRANCIS LEFEBVRE, S. A., obra colectiva concebida por Alfonso Melón Muñoz, Director técnico, Coordinadora: Paloma Martín Nieto.

 

 

 

La nueva regulación de las faltas. Los delitos leves

Esta segunda entrega, relacionada con la nueva categoría de delitos, los delitos leves, a los que habrá que acostumbrarse, de la misma manera que la correlativa desaparición de las faltas, y que supone una pequeña revolución en las categorías de infracciones, y cuya efectividad deberemos comprobar con su uso, ha generado y producirá una multitud de cuestiones, y solo algunas de las cuales, trato de poner de manifiesto en este trabajo, sin ánimo exhaustivo, y en este momento inicial, de unas interpretaciones diversas a las que se exponen.

El objetivo de este trabajo es intentar sistematizar el alcance de la reforma, en el ámbito sustantivo y procesal, indicando en qué han quedado las antiguas infracciones, la lista de los nuevos delitos leves, y el nuevo procedimiento

Anexo. El artículo.

 

'Las últimas reformas penales y procesales penales en violencia de género y doméstica’

"La frenética actividad legislativa de este año en todos los ámbitos jurídicos, con una importante batería de leyes publicadas, de mayor o menor tamaño, ha tenido y tendrá una muy importante y gradual incidencia en el panorama jurídico y en el ámbito de los juzgados y tribunales. Y aunque no se ha publicado íntegramente un nuevo Código Penal o una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal –aún falta por publicar ésta última-, las reformas publicadas implican en este terreno, muchas innovaciones que merecen un análisis y difusión.

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Cómo afectan los celos a la culpabilidad del sujeto

PLANTEAMIENTO

Este trabajo está destinado a realizar un breve estudio sobre en qué medida la atenuante de arrebato u obcecación prevista en el artículo 21.3 del Código Penal es aplicable en el ámbito de los delitos relacionados con la violencia familiar, puesto que es un campo propicio a motivaciones que tienen cabida en dicha atenuante y su compatibilidad con la finalidad protectora de la normativa de violencia de género. Para ello, analizaremos en primer lugar, los requisitos de la atenuante, entrando posteriormente en el análisis de la evolución jurisprudencial de la aplicación de esa atenuante al ámbito de nuestro estudio.
  • REQUISITOS DE LA ATENUANTE
Habitualmente, solicitan los acusados y no se estima aplicable por el tribunal al dictar la sentencia de condena en delitos de violencia de género, la atenuante prevista en  el artículo 21.3 CP relativa al arrebato u obcecación.

La regulación actual tras la reforma de la ley del 2015 establece esta circunstancia en los siguientes términos: “La de obrar por causas o estímulos tan poderosos que hayan producido arrebato, obcecación u otro estado pasional de entidad semejante”, manteniendo la regulación introducida en el Código precedente por LO 8/1983, de 25 de junio, de Reforma Urgente y Parcial del Código Penal. Esto permitió que  la atenuante recuperara su naturaleza subjetiva al desaparecer el adverbio “naturalmente”, que se utilizaba antes de  la reforma de 1983, en la que se exigía que el estado pasional fuera producto “natural” del estímulo, siendo interpretado como sinónimo de pasión normalizada y de carácter positivo para la sociedad. También, la reforma de 1983 añadió el tercer término contemplado en la atenuante de “estado pasional de entidad semejante”, probablemente la voluntad del legislador al extender el ámbito de esta atenuante fue la de poder acoger el contenido de aquellas otras atenuantes (provocación o amenaza, vindicación próxima) que con esta reforma habían quedado derogadas .

La definición del estado pasional, que es como ha sido denominada esta atenuante, consistente en las situaciones emotivas en las que se encuentra inmerso el sujeto y que la ley califica como de “arrebato” u “obcecación”, se diferencia por la jurisprudencia en los siguientes términos: el arrebato, con un componente de fuerte carga emocional, es definido como  una “especie de conmoción psíquica de furor” que, en relación con su duración temporal se califica como una emoción súbita y de corta duración, inmediata del estímulo; por su parte, la obcecación, con un acentuado substrato pasional, definida como “un estado de ceguedad u ofuscación” y relaciona cu carácter temporal de modo más duradero y permanente que la anterior, permitiendo un mayor transcurso del tiempo respecto del estímulo.
Los presupuestos que la Jurisprudencia ha fijado para aplicar la atenuante se pueden resumir en los siguientes :
1. La causa y efecto como  elementos que la configuran.
La existencia de causa o estímulo, ha de ser calificada de importante o poderoso, pues la entidad es la que va a permitir explicar (no justificar) la reacción delictiva del sujeto, quedando, por tanto, excluidos los estímulos ante los que cualquier persona reaccionaría con normalidad y, generalmente, ha de proceder del comportamiento precedente de la víctima.
El efecto consiste en la alteración del estado de ánimo del sujeto que incide sobre su inteligencia y voluntad, de tal modo que quede disminuida su imputabilidad. Ahora bien, tal perturbación de las facultades psíquicas no debe alcanzar la cualidad que integra el trastorno mental transitorio, constitutivo de eximente completa o incompleta, conformando el límite superior de la atenuante, ni el simple acaloramiento o aturdimiento o la mera reacción colérica, que acompaña generalmente a los delitos de sangre,  y que conformaría el límite inferior de la misma.
Se exige, también, la existencia de cierta proporcionalidad  entre el estímulo y la alteración de la conciencia y la voluntad que acompaña a la acción. En consecuencia, si la reacción es desproporcionada, en relación con el hecho motivador, no cabe aplicar la atenuación.
2. La acreditación de la ofuscación, o estado emotivo repentino u otro estado pasional semejante, que acompaña a la acción.
En este sentido, el problema principal radicaría en que, tratándose de una circunstancia atenuante de carácter subjetivo, es difícil establecer criterios apriorísticos de delimitación entre el límite superior (constitutivo bien de trastorno mental transitorio o considerar el estado pasional como atenuante muy calificada), y, el límite inferior (que implicaría negar la concurrencia de la atenuación). Por ello, es de extraordinaria relevancia la pericial que al efecto se realice.
3. La existencia de relación causal entre estímulo y reacción, de tal modo que la conducta sea una consecuencia del  estímulo.
4. La necesidad de conexión temporal, no tanto inmediata pero si próxima, entre la presencia del estímulo y el surgimiento de la emoción. De tal manera, que no se apreciará el arrebato, si ha mediado tal cantidad de tiempo entre el estímulo y la reacción que permita inferir que se ha recuperado la frialdad de ánimo.
5. Y que la respuesta al estímulo no sea repudiable por la norma socio-cultural imperante, pues el Derecho no puede amparar acciones que se apoyan en una actitud antisocial que la conciencia social no admite dentro de un marco normal de convivencia. Por tanto, cualquier estímulo no es válido a los efectos de aplicar la atenuante de estado pasional y deberá probarse a través de los medios oportunos su concurrencia para que ésta pueda aplicarse como pretende el acusado.

 

  • TRATAMIENTO EN LOS DELITOS DE VIOLENCIA FAMILIAR COMETIDO POR IMPULSO DE LOS CELOS
Interesa ahora destacar como la jurisprudencia ha aplicado las anteriores consideraciones en el ámbito de la violencia familiar cometida por impulso de los celos. Como veremos en este apartado, se ha producido una evolución en nuestros tribunales: desde establecer los parámetros que marcan la diferencia entre los conceptos de “celotipia” y “celopatia”, que desde una perspectiva jurídica llevará bien al ámbito del trastorno mental transitorio, bien al de la denominada atenuante pasional; hasta, actualmente,  declarar que  la exigencia de cierta acomodación de la causa del estado pasional con el ordenamiento, alcanza mayor relevancia si se examina desde el caso concreto. Esto va a llevar a que, en relación con los delitos de violencia familiar, resulta patente que no cabría admitir la atenuación  por una situación alegada de “stress” derivado de la situación de separación conyugal, de infidelidades, celos, por ser  contrario al ordenamiento jurídico y los principios básicos de convivencia, expresados en la Constitución como valores de la convivencia social. Analicemos esta jurisprudencia.
Las SSTS de 3 de julio de 1989   y de 14 de julio de 1994 , deslindan los conceptos de  celopatia  y celotipia. En primer lugar en términos médico-legales y, en segundo lugar, en términos  jurídico-penales. Con respecto al primero de los términos citados, declara que la celotipia solo tiene un valor de sentimiento mixto de amor herido cuyo origen psíquico está en el predominio del estado afectivo sobre el intelectivo y, la celopatia, está inserta en el síndrome paranoico. A partir de esta base diferencial concluye que,  si bien en ambos casos los celos son injustificados, en la celopatia no son acordes con la realidad al estar ante el delirio del paranoico y en la celotipia nos encontramos con una reacción vivencial desproporcionada al ser acordes con la realidad, siendo la diferencia entre celos normales y el delirio de celos.
Y en cuanto al segundo de los citados términos, dependiendo de la intensidad, la celotipia puede dar lugar a la apreciación de la atenuante pasional simple o cualificada y la celopatia al trastorno mental transitorio completo o incompleto.
La segunda de las citadas sentencias, señala como referencia para apreciar la eximente incompleta la aplicación por la jurisprudencia en Sentencias de 20 de febrero de 1984, 21 de Enero de 1986, 22 de octubre de 1987, 14 de junio y 16 de octubre de 1989, 8 de octubre de 1993 y 22 de Marzo de 1994, en casos sensiblemente iguales, en los que sujetos con trastornos de personalidad, afectados por una celotipia intensa, que excede de lo que constituye una atenuación pasional, que no comporta una completa claudicación de sus facultades psíquicas, pero si merma considerablemente sus capacidades cognoscitivas y volitivas.
Por su parte, y como anteriormente ha quedado dicho, posteriormente a la fecha de las anteriores sentencias, la jurisprudencia pone el acento en que el estímulo generador de la disminución de la imputabilidad, tenga carácter lícito y esté acorde con las normas de convivencia. Así, en este sentido, podemos destacar las siguientes:

La STS de 28 de febrero de 2005 , que con cita de las SSTS  de 27 de julio de 2000; 29 de septiembre de 2002 y 13 de marzo de 2003, que recuerdan que si bien “el fundamento de la atenuante del artículo 21.3 CP se encuentra “en la disminución” de la imputabilidad (o de las facultades volitivas e intelectivas) que se pretende por la ofuscación de la mente y de las vivencias pasionales determinados por una alteración emocional fugaz (arrebato) o por la más persistente de incitación personal (obcecación) pero siempre produciéndose por una causa o estímulo poderoso”. Pero, en lo que respecta al estímulo, lo basa no sólo en la necesaria importancia del mismo explicativa de la reacción, sino también, en que éste no ha de ser “reprochado por las normas socio-culturales que rigen la convivencia social.

Por su parte, la STS de  13 de julio de  2009 , con respecto al requisito de que las normas de convivencia, rigen para la aplicación de la atenuante, no aplicándose cuando la conducta no es lícita ni acorde con ellas. La citada sentencia, ante un supuesto de violencia de género en el que se declara probado que el acusado “tiene un perfil de personalidad, donde predominan los rasgos de carácter psicopático, con manifestación de no asunción de normas sociales, orientado a sus propias necesidades y con un capacidad de empatía muy pobre. Inestabilidad emocional, con tendencia a la impulsividad, lo que determina una baja tendencia a la frustración, asociada a un débil control de la conducta, lo que conlleva una importante dificultad para controlar sus estados emocionales (...). Presenta algún rasgo de tipo esquizoide (...). Estos rasgos de personalidad en la que predominan los señalados rasgos esquizoides, la inestabilidad emocional de tipo impulsivo y los rasgos sicopáticos antes dichos determinan que posea una estructura de personalidad patológica, que se valora como trastorno mixto de la personalidad (….) que no afectaron ni afectan a su capacidad para comprender y querer, ni actuar con arreglo a este conocimiento y voluntad”. El Tribunal de instancia rechaza la aplicación, tras poner de relieve que la relación  del acusado con su pareja, se han puesto en práctica sus esquemas socio-cognitivos, de corte machista, en los que justifica la superioridad del varón sobre la mujer, y que explica la situación de la violencia tanto física como psíquica, sobre ella. Por ello, la Sala declara que, “en cualquier caso, los estímulos que pudieran condicionar la conducta del acusado, no fueron lícitos y acordes a las normas  de convivencia, como exige reiterada jurisprudencia para la posible estimación de dichas circunstancias de atenuación (por todas SSTS de 3 de mayo de 1988, 30 de junio de 2004 y 19 de enero de 2006), no siendo jurídicamente aceptable una atenuación de responsabilidad respecto de las conductas que no persiguen otra finalidad que perpetuar una desigualdad de género, entre el hombre y la mujer, manteniendo una especie de derecho de propiedad de aquél sobre ésta en la convivencia de pareja”.
En la misma línea, la STS 10 de noviembre de 2010 , declara que aunque se señale por el recurrente que “presentaba una escasa tolerancia a la frustración, subyaciendo problemas de celos con ideación celotípica de la realidad”,  lo que no es posible es una alteración de las condiciones de imputabilidad basadas en una situación que contradice principios básicos de la convivencia.
Por último, la STS de 26 de diciembre de 2014 , ante un supuesto en el que el acusado quiere hacer sustentar la atenuante, basada en las premisas fácticas de la grave crisis de la pareja, la circunstancia de creerse privado del contacto con su hija o las sospechas de infidelidad, declara que no son motivos para perturbar el ánimo de una persona. Y añade lo que en este sentido dice  la STS 18/2006 de 19 de enero: “la reacción amparada en la atenuación debe ir dirigida a  asegurar la convivencia social, pues no ha de olvidarse la función del derecho penal, la ordenación de la convivencia, por lo que los presupuestos de la atenuación deben ser lícitos y acordes con las normas de convivencia. De ahí que no puede aceptarse como digna de protección por el ordenamiento, mediante una circunstancia que refleja una menor culpabilidad, una conducta que no hace sino perpetuar una desigualdad de género, manteniendo una especie de derecho de propiedad sobre la mujer con la que se ha convivido”.
  • CONCLUSIONES
De lo anteriormente expuesto, se puede concluir que en las sentencias más recientes de la Sala Segunda del TS,  tanto de la atenuante pasional como  la circunstancia eximente de trastorno mental transitorio derivados de una situación de celos en el sujeto activo, han tenido escasa incidencia en los delitos relacionados con la violencia de  género. Dicha escasez evidencia, por un lado,  que en la mayoría de los casos de violencia criminal ejercida en este ámbito, los hechos se han ejecutado por el autor sin guardar vinculación de forma significativa con una enfermedad o alteración mental .
Pero, por otro lado, también denota la propia evolución legislativa en esta materia, pues así lo señalan las sentencias más recientes citadas anteriormente al precisar que el actuar pasional no tiene que contradecir la conciencia jurídica y los principios básicos de convivencia, que se encuentran expresados en nuestra Constitución. Baste recordar, que la incidencia que el fenómeno de la violencia contra la mujer ha tenido  en las últimas décadas, ha motivado una prolífica actividad legislativa no sólo a nivel internacional, sino también comunitario y nacional, dirigidos a la eliminación de este tipo de violencia. La aplicación de la circunstancia analizada en este trabajo casaría mal con la propia de la legislación en materia de violencia de género, lo que explica la evolución jurisprudencial producida.
 

'A propósito de las sentencias de maltrato psicológico como justa causa de desheredación'

INTERPRETACIÓN DE LAS NORMAS JURÍDICAS. A PROPÓSITO DE LAS SENTENCIAS DEL MALTRATO PSICOLÓGICO COMO JUSTA CAUSA DE DESHEREDACIÓN ( de 3 de junio de 2014 y 30 de enero de 2015).



I. INTRODUCCIÓN

La interpretación de una  norma jurídica es aquella operación que consiste en la indagación del sentido y alcance del precepto.  Tras la modificación legislativa de 31 de mayo de 1974, Decreto 1836/1974, del Título preliminar del Código Civil, el texto del artículo 3.1 dispone: “Las normas se interpretarán según el sentido propio de sus palabras, en relación con el contexto, los antecedentes históricos y legislativos, y la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas, atendiendo fundamentalmente al espíritu y finalidad de aquellas”.

Por tanto, establece unos cánones de interpretación, tales como el gramatical, histórico, sistemático, sociológico, espíritu y finalidad. A este respecto, El artículo 3.1 CC inicia la interpretación “según el sentido propio de  sus palabras, en relación con el contexto…”, por tanto, este primer paso consistirá en ver el significado de las palabras utilizadas en su conjunto y contexto, de esta manera entre un significado vulgar y otro técnico se escogerá el vulgar y si lo es entre uno vulgar y otro jurídico, será este último el preferido por ser el término en el que se expresa el legislador; el elemento lógico, se sustenta en la dicción del artículo 3.1 CC las normas  se interpretarán atendiendo a la finalidad de aquellas. Las reglas lógicas  se han  sistematizado de la  siguiente manera: a) Debe rechazarse toda interpretación que conduzca al absurdo; b) si la ley no distingue en su letra o en su espíritu, tampoco nosotros debemos distinguir; c) si la razón es la misma, idéntica debe ser la norma; d) si la ley se refiere a un caso dado, se entienden excluidos los demás; e) si la ley autoriza lo más , implícitamente permite lo menos; f) si la ley prohíbe lo menos, también prohíbe lo más; y g) las materias favorables han de ser objeto de ampliación y la sancionadoras de restricción. Para la interpretación conforme al   elemento histórico, se utiliza como medios, tanto los precedentes remotos (derechos históricos) como inmediatos (legalidad anterior a la ley vigente), así como  los trabajos preparatorios de la ley, expresados en  las Exposiciones de Motivos, Proyectos, etc. El elemento sistemático, relaciona una ley con aquellas otras que integran una institución jurídica y cada institución jurídica con las demás. Y, por último, con el elemento de la realidad social, se acomodan los preceptos a las circunstancias surgidas con posterioridad a la formación de aquéllos .  

Dicho lo anterior,  hay que tener presente que estos  elementos, con anterioridad a la regulación expresa en el Código, habían sido elaborados por la doctrina y jurisprudencia. Esta asunción en la regulación legal de este artículo, no va a suponer el establecimiento de un sistema  de numerus clausus para llevar a cabo la operación hermenéutica, muy al contrario, pues la jurisprudencia no sólo se pronuncia sobre la formulación amplia de estos elementos, sino también utiliza otros métodos de interpretación que expresamente no aparecen en el texto del artículo 3.1 CC .  En definitiva, la jurisprudencia al interpretar la Ley utiliza dichos elementos como los medios necesarios para interpretarla y así cumplir con la función prevista en el artículo 1.6 del Código civil de complementar el ordenamiento jurídico.

Por otra parte, también hay que tener en cuenta que, conforme al artículo 117.3 de la Constitución Española la selección de las normas para aplicar a un supuesto y la interpretación de las mismas es competencia exclusiva de los jueces y tribunales ordinarios. Por ello, cuando se invoca la violación del artículo 3.1 del Código Civil a efectos de casación,  no se permite su cita directa, pues no se considera un precepto directamente aplicable al caso del pleito, sino una guía de interpretación de las leyes sustanciales que han de aplicarse al caso en cuestión, lo que la jurisprudencia ha denominado “precepto medial” .

Dichos elementos o cánones de interpretación, como no puede ser de otra manera, deben ser conformes a la Constitución Española, es decir inspirada en los principios constitucionales que informan la interpretación de la leyes. Ello se deriva de lo establecido en el artículo 9. 1 CE, a cuyo tenor “los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico” , en consecuencia, esta condición en la interpretación de todas las leyes, es recogida por  el artículo 5 de la LOPJ que impone a los Jueces y Tribunales la interpretación de acuerdo con la Constitución y sus principios en los siguientes términos: “Interpretarán y aplicarán las leyes y los reglamentos  según los preceptos y principios constitucionales”.

Por último, no se puede olvidar que la interpretación de las normas también se encuentra acotada por la regla del artículo 2.2 CC, que establece el principio de derogación expresa o tácita de las normas, en relación con el principio de seguridad jurídica consagrado por el artículo 9.3 CE, conforme a la interpretación que del mismo realiza el TC, y el principio de tutela judicial efectiva que impone la resolución de los pleitos conforme al sistema de fuentes establecido (art. 1.7 CC) .

En esta línea, también se ha establecido como canon hermenéutico los principios generales del derecho (consagrados como fuente en el artículo 1.4 del CC), que con respecto a la conservación de los actos y negocios jurídicos (“favor contractus”, “favor testamenti”) la jurisprudencia ha declarado, instituyéndose el citado criterio no sólo como principio general del derecho, sino también como criterio interpretativo.


 



II. INTERPRETACIÓN DE LAS NORMAS

Sentado lo anterior, veamos los pronunciamientos  de la doctrina  jurisprudencial con respecto a la interpretación  de las normas conforme  a la Constitución, a los medios que establece el artículo 3.1 del Código Civil y a los principios generales del derecho.

  • II. 1. INTERPRETACIÓN CONFORME A LA CONSTITUCIÓN.

A este respecto, es significativa la STS de 29 de abril de 2009 (Rec. 2527/1997), que  sitúa al Texto constitucional como el contexto en el que deben interpretarse y aplicarse las normas por los órganos judiciales, en los siguientes términos: “Las reglas de interpretación recogidas en el artículo 3 del Código civil, lejos de constituir un obstáculo a la adecuación de las normas  a la Constitución, la potencian, desde el momento en el que el Texto Constitucional se convierte en el “contexto” al que han de referirse todas las normas a efectos de su interpretación y aplicación por los órganos judiciales. Y esa acomodación ha de ser observada no sólo en los casos en que sea preciso llevar a cabo una interpretación declarativa de las disposiciones legales, sino también en la denominada “interpretación integradora”, cuando, como ocurre en el presente supuesto, la adecuación a un determinado precepto constitucional así pudiera exigirlo. En efecto el derecho a la intimidad como se razona en el fundamento cuarto, referido al recurso precedente, ha cobrado una mayor dimensión que, en cierto modo, espiritualiza su finalidad, relacionándolo con el ámbito propio de la personalidad, que debe ser protegido de cualquier ingerencia o inmisión que pueda perturbarlo, expresamente dentro del recinto domiciliario. Tampoco las “autorizaciones” administrativas para desarrollar una determinada actividad que resulte perjudicial para este ámbito eximen o justifican “per se” la intromisión”.

Por su parte,  la STS de 15 de enero de 2005 (Rec. 2097/2003), contempla el supuesto de la norma que contradice principios o valores constitucionales, y establece que, aun cuando la inaplicación de una norma legislativa no es admisible por la vía de la interpretación,  en este supuesto, si se podrá  por la vía de la interpretación  inaplicar la norma en cuestión. Y recuerda que “el principio de imperio de la ley obliga a los tribunales a la aplicación de las normas legislativas vigentes si éstas no pueden estimarse contrarias a la CE, pues en este caso, si no es posible una interpretación conforme a la CE, y se trata de normas anteriores a la CE, deben considerarse derogadas por esta. Esta derogación puede ser declarada por los tribunales ordinarios o dar lugar a una declaración de inconstitucionalidad sobrevenida mediante el planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad ante el TC”.

Por último, en este apartado se puede traer a colación,  la doctrina constitucional expuesta en la sentencia del TC de 7 de noviembre de 2012 (recurso de inconstitucionalidad 6864/2005, contra la Ley 13/2005, de 1 de julio, por la que se modifica el Código Civil en materia de derecho a contraer matrimonio), que recoge, claramente, como los principios constitucionales también evolucionan y se actualizan a la luz de los problemas contemporáneos y de las exigencias de la sociedad actual, y a este respecto, lo refleja en los siguientes términos: “…la Constitución es un “árbol vivo”…..que, a través de una interpretación evolutiva, se acomoda a las realidades de la vida moderna como medio para asegurar su propia relevancia y legitimidad, y no sólo porque se trate de un texto cuyos grandes principios son de aplicación a supuestos que sus redactores no imaginaron, sino también porque los poderes públicos, y particularmente el legislador, va actualizando esos principios paulatinamente y porque el Tribunal Constitucional, cunado controla el ajuste constitucional de esas actualizaciones, dota a las normas d e un contenido que permita leer el texto constitucional a la luz de los problemas contemporáneos, y de las exigencias de la sociedad actual a que debe dar respuesta la norma fundamental del ordenamiento jurídico a riesgo, en caso contrario, de convertirse en letra muerta. Esta lectura evolutiva de la Constitución, que se proyecta en especial a la categoría de la garantía institucional, nos lleva a desarrollar la noción de cultura jurídica, que hace pensar en el Derecho como un fenómeno social vinculado a la realidad en que se desarrolla y que ya ha sido evocada en nuestra jurisprudencia previa (SSTC 17/1985, de 9 de febrero, FJ 4; 89/1993, de 12 de marzo, FJ 3; 41/1993, de 18 de noviembre, FJ 3; 29/1995, de 6 de febrero, FJ 3; y 298/2000, de 11 de diciembre, FJ 11). Pues bien, la cultura jurídica no se construye sólo desde la interpretación literal, sistemática u originalista de los textos jurídicos, sino que también contribuyen a su configuración la observación de la realidad social jurídicamente relevante, sin que esto signifique otorgar fuerza normativa directa a lo fáctico, las opiniones de la doctrina jurídica y de los órganos consultivos previstos en e propio ordenamiento, el derecho comparado que se da en un entorno socio-cultural próximo y, en materia de la construcción de la cultura jurídica de los derechos, la actividad internacional de los Estados manifestada en los Tratados Internacionales, en la jurisprudencia de los órganos internacionales que los interpretan, y en las opiniones y dictámenes elaboradas por los órganos competentes del sistema de Naciones Unidas, así como por otros organismos internacionales de reconocida posición. Por lo que hace a nuestro sistema constitucional, el camino de entrada de parte de estos elementos conformadores de la cultura jurídica, que por lo demás se alimentan e influyen mutuamente, viene dado por el recurso a un principio fundamental de la interpretación de la Constitución, que es el dispuesto en el artículo 10.2 CE”.

  • II. 2. INTERPRETACIÓN CONFORME A LOS MEDIOS QUE SEÑALA EL ARTÍCULO 3.1 DEL CÓDIGO CIVIL.


Comenzando por el elemento gramatical, la STS de 9 de junio de 2006 (Rec. 3703/1999), destaca como elementos que se utilizan para la comprensión y el alcance de la norma, el elemento gramatical (sentido propio de sus `palabras) conforme al cual comienza el artículo 3.1 CC y destaca como elemento esencial el lógico (atendiendo fundamentalmente al espíritu).
Y la STS de 28 de abril de 2015 (Rec. 2764/2012),  aun reconociendo que la interpretación literal suele ser el punto de partida de la interpretación normativa, ello no significa que represente el punto final del curso interpretativo, sobre todo en aquellos supuestos que la norma no tenga una respuesta precisa a la cuestión o cuestiones planteadas. Por tanto, el proceso interpretativo sigue hasta llegar al sentido de la norma, en sus propias palabras “hasta llegar a la “médula” de la razón o del sentido normativo, sin detenerse en la mera “corteza” de las palabras o términos empleados en la formulación normativa”. Se refiere al carácter instrumental de la interpretación literal, es decir, este tipo de interpretación no es un fin en si mismo, sino que el proceso de interpretación también responde a la finalidad y función que informa la norma.
Por ello, la continuidad del proceso normativo debe llevar a la sistematización del contexto normativo que va a ser interpretado, dando preferencia a la interpretación sistemática y teleológica.
La importancia del elemento sociológico como canon interpretativo se ha resaltado por la jurisprudencia en los siguientes términos: La utilización de este elemento no puede inaplicar ni modificar la ley, debiendo ser utilizado con prudencia;  la valoración de las tendencias en los cambios sociales debe de estar basada en un conocimiento profundo de las mismas, huyendo de aquellas ideas que no estén inmersas en la realidad social; su utilización no justifica ni el arbitrio judicial, ni la aplicación laxa de las normas, ni la exclusión de la aplicación de la normativa vigente.

De las Sentencias que reflejan estas directrices interpretativas, podemos destacar la Sentencia de 8 de marzo de 1982 (Roj: 1444/1982):  “Como han declarado las sentencias entre otras de 14 y 23 de febrero de 1976, la utilización del elemento sociológico en la interpretación normativa exige que a su través no se llegue a inaplicarla o modificarla, que se refiera a ideas o tendencias que no se hallen en estado de nebulosa y que en su uso se proceda con mucho tino y prudencia”, razonamientos que han seguido otras sentencias tales como la de 7 de enero de 1991 (Roj: 43/1991): “Como tiene advertido este Tribunal, los factores sociológicos no autorizan para modificar o no aplicar la Ley y sí sólo para suavizarla, debiendo ser aplicados con mucho tino y prudencia, para no dar trascendencia a estados o tendencias no fijados (Sentencias de 28 de febrero de 1989 y 8 de marzo de 1982)”. Y con mayor amplitud la Sentencia de 10 de abril  de 1995 (Roj: 11306/1995): “ (…) aunque vea conveniente aclarar que la realidad social del tiempo en que han de ver aplicadas las normas no supone la justificación del arbitrio judicial, ni una interpretación laxa de las normas y, desde luego, excluye que se orille la aplicación de la norma vigente, al caso concreto. Contiene sólo una llamada a la profundización en el conocimiento de la realidad social para descubrir mejor el espíritu y finalidad de aquellas, en relación con los demás elementos hermenéuticos. Es decir, que ni la libertad de empresa, ni la, por otra parte, la plausible creación de puestos de trabajo, ni las exigencias que impone el Derecho administrativo que cada vez deja menor campo al desarrollo de la autonomía de la voluntad, puede justificar la política de hechos consumados o el menosprecio de los concurrentes derechos e los demás que deben ser salvaguardados aun con medidas reparadoras o sustitutorias por muy inoportunas que pasado el tiempo, resulten, pues en esta actuación radica, y en gran parte, la esencia del Derecho”. Y la Sentencia de 18 de diciembre de 1997 (Rec.), que recogiendo lo declarado por la sentencia de 10 de abril de 1995 añade: “ (…) esta regla contiene sólo una llamada a la profundización en el conocimiento de la realidad social para descubrir mejor el espíritu y finalidad de aquellas, en relación con los demás elementos hermenéuticos. La misma sentencia advierte que no supone la justificación del arbitrio judicial, ni una interpretación laxa de las normas y, desde luego, excluye que se orille la aplicación de la norma vigente, al caso concreto. Es, pues, la realidad social un elemento de interpretación de la ley que significa el conocimiento y la valoración de las relaciones de hecho a que debe aplicarse la norma, teniéndolas en cuenta según la vida real inmersa en la sociedad. Como tal elemento de interpretación, no puede tergiversar la ley, cambiarle su sentido o darle una aplicación arbitraria”.

Por su parte, la Sentencia de fecha 17 de octubre de 2008 (Rec.), define la interpretación sociológica como la integración de aquellos factores ideológicos, morales y económicos que plasman el espíritu de las comunidades en cada momento histórico y con motivo de la posibilidad de establecer el carácter temporal a la pensión compensatoria, se pronuncia en los siguientes términos: “(..) que la realidad social (art. 3.1) la admite –se alude a la debilitación de los argumentos sociológicos que se manejaban al tiempo de crearse la figura de la pensión compensatoria y a los cambios sociales y al nuevo sentir social en relación con la evolución de la sociedad española desde el año 1981 hasta la actualidad, y la diferente perspectiva y situación de la mujer en relación con el matrimonio y el mercado laboral. (….). Por otro lado, el contexto social permite y el sentir social apoya una solución favorable a la pensión temporal, por lo que la misma cuenta con un soporte relevante en una interpretación del artículo 97 CC adecuada a la realidad social actual, prevista como elemento interpretativo de las normas en el art. 3.1 CC, con arreglo al que “se interpretarán según el sentido de sus palabras en relación con y la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas, atendiendo fundamentalmente al espíritu y finalidad de aquellas”.

  • II. 3. INTERPRETACIÓN CONFORME AL PRINCIPIO GENERAL DE CONSERVACIÓN DE LOS ACTOS Y NEGOCIOS JURÍDICOS.


La utilización de este criterio interpretativo tiene como fin la función que informa al precepto, su sentido normativo, en aras de evitar una interpretación rígida del mismo sustentada en su interpretación literal. Por ello,  desde la interpretación sistemática y teleológica del contexto normativo, se pondera como criterio interpretativo para dar sentido normativo a ese contexto que va a ser interpretado.

Así, lo ha aplicado la jurisprudencia, entre otras,  en la Sentencias de 15 de enero de 2013 (Rec. 1578/2009) que desde el principio de conservación de los contratos (favor contractus) declara que “este principio no solo se ha consolidado como un canon hermenéutico que informa nuestro ordenamiento jurídico, con múltiples manifestaciones al respecto, sino también como un elemento instrumental decisivo en la construcción de un renovado Derecho Contractual Europeo conforme a lo dispuesto en los principales textos de armonización, como la Convención de Viena, los Principios de Derecho Europeo de la Contratación (PECL) y, particularmente, la propuesta de Anteproyecto de Ley de Modernización del Código Civil en materia de Obligaciones y Contratos. De modo que tal y como hemos señalado en las recientes Sentencias de 28 de junio y 10 de septiembre de 2012, precisamente en el marco del contrato de compraventa, la conservación de los contratos se erige como un auténtico principio informador de nuestro sistema jurídico que comporta, entre otros extremos, el dar una respuesta adecuada a las vicisitudes que presenta  la dinámica contractual desde la preferencia y articulación de los mecanismos que anidan en la validez estructural del contrato y su consiguiente eficacia funcional, facilitando el tráfico patrimonial y su seguridad jurídica”.
Este criterio es seguido por la Sentencia de 28 de abril de 2015 (Rec. 2764/2012), que añade el límite para la aplicación de la conservación de los actos y negocios jurídicos los siguientes términos: “(…) debe tenerse en cuenta que este criterio de interpretación, como su formulación de principio, no resulta de aplicación en aquellos supuestos, como el del presente caso, en donde se produce una infracción bien de la norma interpretativa que establece los presupuestos de validez y eficacia del acto o negocio jurídico en cuestión, o bien, una vulneración de la libre conformación de la voluntad negocial de una de las partes contratantes que determina su nulidad radical”.  

En los mismos términos, desde este principio general de conservación de actos y negocios jurídicos, se pronuncia la jurisprudencia  desde la finalidad de preservar la voluntad querida por el testador (favor testamenti). Así, la Sentencia de fecha 19 de mayo de 2015 (Rec. 230/2014) que con motivo de la interpretación del artículo 752 del CC declara, amen de una interpretación flexible conforme a la realidad social y valores del momento, la interpretación sistemática ponderada  con el citado criterio en los siguientes términos: “(…) conforme a la necesaria interpretación sistemática del precepto, también debe puntualizarse que su incidencia en el plano de la ineficacia testamentaria tampoco escapa a su debida ponderación por el criterio de conservación de los actos y negocios jurídicos que esta Sala tiene reconocido, no sólo como mero canon interpretativo, sino también como principio general del derecho, con una clara proyección en el marco del Derecho de sucesiones en relación a la voluntad manifestada por el testador (favor testamenti)”.




III. INTERPRETACIÓN DEL CASO CONCRETO. MALTRATO PSICOLÓGICO COMO  CAUSA DE DESHEREDACIÓN

Tras la anterior introducción sobre la interpretación de las normas jurídicas veamos que cánones hermenéuticos utiliza la jurisprudencia en el tema de la desheredación, y en este sentido,   las SSTS de 3 de junio de 2014 (Rec. 1212/2012)  y la de 30 de enero de 2015 (Rec. 2199/2013) que reitera la doctrina jurisprudencial de la anterior, ha incluido el maltrato psicológico como una modalidad del maltrato de obra que contempla el artículo 853.2 CC como causa de desheredación.

Así, en la Sentencia de 3 de junio de 2014, se planteó por los hijos del causante la nulidad de la cláusula deshereditaria que conforme a la causa 2ª del artículo 853 CC los desheredaba expresamente, a la hija por  haber negado injustificadamente al testador asistencia y cuidados, además, de haber injuriado gravemente de palabra, y al hijo, además de las injurias por haber maltratado de obra. Tal demanda es desestimada tanto en la Sentencia de instancia de fecha 30 de junio de 2009 del Juzgado de Primera Instancia núm 3 de Ronda (Málaga), como en la Sentencia de fecha 30 de marzo de 2011 de la sección 5ª de la  Audiencia Provincial de Málaga. Por su parte, la Sentencia de 30 de enero de 2015, el hijo de la causante ejercita acción declarativa de nulidad de la cláusula de desheredación contemplada en el artículo 853.2 CC, solicitando además, la nulidad de institución de heredera universal a favor de su hermana por indignidad sucesoria. La Sentencia del Juzgado de  Primera Instancia núm 3 de Castellón de fecha 29 de octubre de 2012, desestimó la demanda y   la Sentencia de la Sección 3ª de la Audiencia Provincial de Castellón de fecha 24 de julio de 2013, estimó parcialmente la demanda y declaró la nulidad de la cláusula del testamento, así como ordenó reducir la institución de heredero en cuanto pueda perjudicar la legítima estricta o corta del demandante.
En ambos recursos se planteó la infracción de la doctrina jurisprudencial del artículo 853.2 CC.,  que para los hijos y descendientes contempla como causa de desheredación el “haberle maltratado de obra o injuriado gravemente  de palabra”, para la solución la jurisprudencia se ocupa del concepto de maltrato de obra, ampliándolo con el objeto de  incluir al maltrato psicológico como una modalidad del de obra. Para ello,  siguen las bases citadas para el canon hermenéutico, utilizando como tales, la realidad social y los valores del momento en el que se produce, así como el principio de conservación de los actos y negocios jurídicos en el ámbito del Derecho de sucesiones (favor testamenti).

En este sentido, con respecto a la realidad social y los valores del momento en que se produce: En primer lugar, define el maltrato psicológico “como acción que determina un menoscabo o lesión de  la salud mental de la víctima”; y, en segundo lugar, para la inclusión de esta figura dentro del maltrato de obra utiliza como fundamentos, que sustentan los valores y la realidad social actual,  el derecho constitucional de la dignidad de  la persona, reconocido en el artículo 10 CE, que en el caso se proyecta en los derechos hereditarios de los legitimarios, y el reconocimiento que de esta figura se hace en la legislación especial, concretamente, en la Ley Orgánica 1/2004 de Protección integral de la Violencia de Género.

Y, con respecto al principio de conservación de los actos y negocios jurídicos, para la inclusión del maltrato psicológico, lo utiliza desde la propia voluntad manifestada por el testador. Que en el caso de la sentencia de 3 de junio de 2014 quedó demostrado que “los hijos, aquí recurrentes, incurrieron en un maltrato psíquico y reiterado contra su padre del todo incompatible con los deberes elementales de respeto y consideración que se derivan de la relación jurídica de filiación, con una conducta de menosprecio y de abandono familiar que quedó evidenciada en los últimos siete años de vida del causante en donde, ya enfermo, quedó bajo el amparo de su hermana, sin que sus hijos se interesaran por él o tuvieran contacto alguno; situación que cambió, tras su muerte, a los solos efectos de demandar sus derechos hereditarios”. En los mismos términos, declara la sentencia de 30 de enero de 2015: “En efecto, solo de este modo se puede calificar el estado de zozobra y afectación profunda que acompañó los últimos años de vida de la causante, tras la maquinación dolosa de su hijo para forzarla, a finales del año 2003, a otorgar donaciones en favor suyo, y de sus hijos, que representaban la práctica totalidad de su patrimonio personal. Comportamiento doloso y conflicto emocional de la testadora que ya apreció esta Sala en la sentencia de 28 de septiembre de 2011 al declarar la nulidad de las citadas donaciones; pero que en nada puede reparar su estado de afectación ya que su muerte aconteció el 28 de abril de 2009, año y medio antes de la citada sentencia”.



IV. CONCLUSIÓN. INTERPRETACIÓN COMO ANTESALA DE NUEVA REGULACIÓN. A FALTA DE REGULACIÓN INTERPRETACIÓN CONFORME A LA CONSTITUCIÓN.

Cabría preguntarse, por un lado,  ante la rigidez de las causas de desheredación que contempla el Derecho común, baste recordar lo dispuesto en los artículos 848 y 852 a 855 CC, y con la interpretación que la  jurisprudencia hace de las causas de desheredación con motivo de la legítima de los hijos y descendientes, ampliándolas, si  lo que subyace en el fondo, no es otra cosa que,  una llamada a la modificación del Derecho de sucesiones, concretamente en la regulación que el Código Civil hace de  la legítima.

Planteamiento que se sustenta, en primer lugar, en que  es una institución muy mermada en los territorios donde se aplican los  Derechos forales, cuando no inexistente, en este sentido, sirva como ejemplo  el Derecho Catalán  que establece en el artículo 451-17 como causas de desheredación: “c) El maltrato grave al testador, a su cónyuge o conviviente en unión estable de pareja, o los ascendientes o descendientes del testador; e) La ausencia manifiesta y continuada de relación familiar entre el causante y el legitimario, si es por una causa exclusivamente imputable al legitimario”.

Y, en segundo lugar, en que  dicha institución ya viene siendo cuestionado por parte de la doctrina que propugna el sistema de la legítima como institución a desaparecer consagrando la libertad de testar. A este respecto,  por clarificadora destacamos  la opinión de O´CALLAGHAN  que, con motivo del sistema referido a la legítima de los hijos y descendientes que plantean las sentencias anteriormente analizadas, aboga por la supresión de la legítima para acomodarla a la realidad familiar actual, a la mayor esperanza de vida, etc., desgranando dicha realidad en razones de índole social, que es vivir a costa de nuestra propia capacidad económica; de índole  económico, los padres al darles a los hijos la formación adecuada para su subsistencia, no piensan en que vivirán en el futuro con la legítima correspondiente; de índole físico, que se traduce en que actualmente la vida humana es más longeva que en 1889 cuando se promulgó el Código civil; y, de índole jurídico,  dada la complicación de su aplicación tanto jurídica como práctica, que se traduce en frecuentes enfrentamientos.

Y, por otro, desde las anteriores observaciones que denotan  necesidad de nueva regulación, también cabría plantearse, qué ocurre cuando no es resuelta por el legislador, a qué cánones hermenéuticos debemos atenernos para resolver las concretas cuestiones planteadas en los litigios. Pues bien, ante dichos cuestionamientos la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo y del  Constitucional ha resuelto, en concreto sobre las reclamaciones de filiación no matrimonial sin posesión de estado en a sentencia del Tribunal Supremo de fecha 3 de diciembre de 2014 (Rec. 1946/2013), al interpretar el artículo 133 del Código Civil que en tanto el legislador no de respuesta a lo exigido por el Tribunal Constitucional en esta materia, la legitimación del progenitor sin posesión de estado para reclamar la paternidad no matrimonial se encuentra equiparada a la del hijo y por tanto sin sujeción a plazo. La cuestión planteada pivota en torno a lo que dispone el artículo 133.1 del Código Civil cuando establece que “la acción de reclamación de filiación no matrimonial cuando falte la respectiva posesión de estado, corresponde al hijo durante toda su vida”, quedando excluida, por tanto, la legitimación del progenitor sin posesión de estado. En esta cuestión el Tribunal Supremo se inclinó desde los años 90 por reconocer dicha legitimación desde una interpretación lógica y sistemática de los artículos 133.1 y 134 CC. Y, posteriormente, la sentencia del Tribunal Constitucional, Sala Pleno, 273/2005,  de 27 de octubre, declara que privar al progenitor para reclamar la filiación no matrimonial faltando la posesión de estado es incompatible con el mandato de la investigación de la paternidad (art. 39.2 de la Constitución Española), y con el derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 de la Constitución Española), pero también declara que la interpretación correctora que realiza el TS sobre esta cuestión no es suficiente para la declaración de inconstitucionalidad. Por ello,  exige ante la insuficiencia normativa que sea el legislador el que regule con carácter general la legitimación de los progenitores en el caso citado. Pues bien, como tal modificación legislativa no ha sido llevada  a cabo, la situación actual en España será la de legitimación abierta al progenitor sin plazo, exista o no posesión de estado, y ello, amparado en la ponderación de los  derechos constitucionales antes citados y en que el TS no puede dar cumplimiento en la interpretación a las exigencias que dice el TC sobre esta cuestión, sino que debe ser el legislador el que concrete y ponga los límites a la legitimación, mientras no se haga las cuestiones planteadas serán resueltas conforme a la ponderación de derechos constitucionales emanados de la doctrina del TC.


 


* María Ascensión Andreu Martínez es abogada y profesora asociada de Derecho Civil en la Universidad de Murcia


   

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