Lunes, Diciembre 11, 2017
   
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Empleo y discapacidad, Región de Murcia

La Comunidad incrementa este año la partida destinada a las empresas con centro de trabajo en la Región de Murcia que realicen contratación indefinida de personas con discapacidad (porcentaje mínimo del 33 por ciento). Estas empresas son subvencionadas con 3.000 euros o su correspondiente proporción cuando se celebre el contrato a tiempo parcial.

En total, el presupuesto contempla 6.535.000 euros destinados al programa 'Integrados en el empleo', que suponen un incremento de 1.411.000 euros respecto al presupuesto del ejercicio 2015.

El consejero de Desarrollo Económico, Turismo y Empleo, Juan Hernández, se reunió hoy con la comisión de empleo del Comité de Entidades de Representantes de Personas con Discapacidad de la Región de Murcia (Cermi) para analizar medidas de apoyo para este colectivo.

Juan Hernández señaló que la estrategia por el empleo de calidad “establece como prioritaria la atención en materia de empleo al colectivo de personas con discapacidad, destinando una serie de programas y medidas específicas a mejorar la empleabilidad del colectivo con el objetivo de no dejar a nadie atrás del proceso de recuperación económica y del empleo que se está produciendo".

Durante el encuentro se analizó la actividad de los Centros Especiales de Empleo, que son empresas cuyo objetivo principal es el de proporcionar a los trabajadores con discapacidad la realización de un trabajo productivo y remunerado, adecuado a sus características personales y que facilite la integración laboral de éstos en el mercado ordinario de trabajo. Actualmente en la Región hay 35 centros de este tipo.

Asimismo, se puso de relieve la labor de los Gabinetes de Orientación laboral y los de Empleo con apoyo, que consisten en ayudas a las entidades sin ánimo de lucro que trabajan con estos colectivos y que van destinadas a sufragar gastos directos de personal (orientador, preparador laboral, personal apoyo) para el establecimiento de itinerarios integrales de empleo tendentes a la obtención de puestos de trabajo en empresas ordinarias, públicas y privadas, adecuados a las aptitudes de las personas con discapacidad. En la actualidad se ayuda a la integración laboral a más de 400 personas desde este servicio.

 

Reforma de la ley de propiedad horizontal con respecto a la accesibilidad

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha urgido a los Grupos Parlamentarios del Congreso de los Diputados a acometer la modificación de la Ley de Propiedad Horizontal para, de esta manera, obligar a las comunidades de propietarios a asumir íntegramente el coste de las obras y actuaciones de accesibilidad de los inmuebles en los que vivan vecinos con discapacidad o mayores de 70 años.

El CERMI ha trasladado al Congreso una propuesta de reforma del régimen legal de la propiedad horizontal que, tienen por objeto resolver un grave problema social derivado de la ausencia de accesibilidad de gran número de los inmuebles de nuestro país, que impide a las personas con discapacidad y mayores ejercer su derecho constitucional a disfrutar de una vivienda digna.

Entre las propuestas concretas de modificación, el CERMI plantea la supresión del límite vigente de 12 mensualidades de cuotas cuando sea solicitada por los vecinos con discapacidad o mayores de 70 años.

Como explica el CERMI, “este límite marca, desde 2011, el punto hasta donde están obligadas las comunidades de propietarios para llevar a cabo obras y actuaciones de accesibilidad y lo que supere dicha cantidad no resulta obligatorio, siendo por cuenta de las propias personas afrontar el coste de la intervención de accesibilidad”.

Debe reseñarse que en la vigente legislación de propiedad horizontal, esta limitación se aplica solo a la accesibilidad. No así en otras cuestiones como la seguridad o estanqueidad del edificio, en las que la obligación de la comunidad es total con independencia del coste de la obra o la actuación.

Por todo ello, el CERMI exige que la ley no imponga un trato desigual más negativo cuando se trata de la accesibilidad, lo que supone una clara discriminación que sufren los sectores más vulnerables de la sociedad, como son las personas con discapacidad y mayores”.

 

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