Jueves, Mayo 25, 2017
   
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Medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios

En el Boletín Oficial del Estado nº 66 del pasado sábado día 18 de marzo, aparece publicado el  Real Decreto-ley 5/2017, por el que se modifica el Real Decreto-Ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos y la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social.

Aparte del indudable interés que para cualquier deudor hipotecario pueda tener su publicación, dado en el rincón que nos encontramos, he de destacar que con  dicho Real Decreto-ley cuya entrada en vigor lo fue al día siguiente de su publicación en el BOE,  se refuerza y extiende las medidas en favor de deudores hipotecarios que sean o en cuya unidad de convivencia o residencia existan personas con discapacidad.

El artículo 1, apartado Uno de dicha norma, establece que “se entiende que se encuentran en una circunstancia familiar de especial vulnerabilidad….4º La unidad familiar en la que alguno de sus miembros tenga declarada discapacidad superior al 33%, situación de dependencia o enfermedad que le incapacite acreditadamente de forma permanente, para realizar una actividad laboral”.  5º.- “La unidad familiar con la que convivan, en la misma vivienda, una o mas personas que estén unidas con el titular de la hipoteca o su cónyuge por vínculo de parentesco hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad, y que se encuentren en situación personal de discapacidad, dependencia, enfermedad grave que les incapacite acreditadamente de forma temporal o permanente para realizar una actividad laboral”. Y finalmente, y aunque no tenga que ver específicamente con la discapacidad, dado que a veces va unida mujer discapacitada con violencia de género, el punto 6º considera también en una circunstancia familiar de especial vulnerabilidad “la unidad familiar en que exista una víctima de violencia de género”. 

Las situaciones de discapacidad alcanzan así los mayores rangos de protección legal contra los desahucios, junto a otros supuestos de exclusión de análogos efectos, e incluye a este sector social entre los destinarios de medidas adicionales para recuperar la propiedad de la vivienda que en el plazo de 8 meses deberá adoptar el Gobierno, según ordena este Real Decreto-ley.

 

Discapacidad y bono social

Las situaciones de discapacidad serán tenidas en cuenta por primera vez a la hora de definir a los consumidores eléctricos vulnerables y adoptar medidas  de protección contra la pobreza energética.

Así queda establecido en Real Decreto-ley 7/2016, de 23 de diciembre, por el que se regula el mecanismo de financiación del coste del bono social y otras medidas de protección al consumidor vulnerable de energía eléctrica, aprobado el pasado viernes por el Consejo de Ministros y publicado  en el Boletín Oficial del Estado del pasado día 24 de diciembre.

“..,.de ésta forma, y de acuerdo con el artículo 45.2 de la Ley 24/2013 de 26 de diciembre, y el artículo 2 de éste Real Decreto-Ley, se procederá a la definición de diversas categorías de consumidores vulnerables, incluyendo los severos cuyo suministro se considera esencial en los términos de la letra J) del artículo 52.4. La definición de ésta categorías responderá  a criterios de renta, atenuados en atención a las circunstancias personales y familiares de cada hogar, que podrá referirse al número de miembros de la unidad familiar, la presencia en el mismo de menores a cargo ‘o discapacitados’, entre otras cuestiones”.

Sin embargo, el alcance y extensión concretos de la posición de las unidades de convivencia en cuyo seno haya una persona con discapacidad queda diferida al reglamento de desarrollo del Real Decreto-ley que habrá de aprobarse en el plazo de tres meses, pero constituirán un criterio para regular la categoría de consumidores eléctricos vulnerables a efectos de medidas protección contra la pobreza energética.

El CERMI pedirá participar en el proceso de elaboración de la norma de desarrollo reglamentario de este Real Decreto-ley y planteará propuestas para asegurar la mejor posición de las personas con discapacidad y de las familias en las que se incluyen.

Por tanto, habrá que estar muy atentos al próximo Reglamento, que en principio habrá de aprobarse en el plazo de tres meses , es decir y en teoría antes del próximo 24 de marzo, según dispone la disposición final segunda del Real Decreto Ley. 

 

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