PERIÓDICO DE SUCESOS, TRIBUNALES y TRÁFICO DE LAS COMARCAS DEL CAMPO DE CARTAGENA Y DEL MAR MENOR                                                                         booked.net

¿Dónde están los 15.000 euros?

El dinero entregado como señal de la compra de un local no aparece. El comprador se lo dio a una agente inmobiliaria que afirma habérselo entregado al propietario, el cual lo niega, mientras que la Fiscalía considera que ambos actuaron de común acuerdo para quedarse con el dinero. El asunto ha quedado visto para sentencia en la Audiencia Provincial.



La entrega de los quince mil euros para la reserva del local tuvo lugar en enero de 2015, pero ese dinero no se descontó después de la compra del inmueble ni fue entregado a la administración concursal de la empresa propietaria, la cual estaba declarada en concurso por el juzgado de Lo Mercantil número 1 de Murcia desde septiembre de 2013.

La agente inmobiliaria dijo que recogió el dinero porque el vendedor estaba en Madrid por enfermedad de su madre y que a su regreso se lo dio en presencia de otra persona. Afirmó que era una cantidad en 'B' (no iba a ser declarada) y que ella firmó un recibo de recepción del dinero. "No se suele hacer al ser en 'B', pero como se lo iba a entregar a otra persona lo hice", explica la mujer, quien dijo que tenía lazos de amistad con el comprador, quien antes de que se consumara la compra ya estaba montando un local de hostelería, pues le habían dado las llaves, y llegó a inaugurar esa nueva actividad de cafetería. Entonces fue cuando se presentó la administradora concursal amenazando con llamar a la Guardia Civil, "pero al final llegaron a un acuerdo", apuntó. El comprador desconocía que la empresa propietaria estaba en concurso de acreedores y que la oferta debía haberla efectuado directamente a la administradora concursal.

La investigada también dio que en un momento determinado la esposa del comprador había dicho que tenía esos quince mil euros.

Durante la sesión en la sala de vistas se hizo hincapié en el valor de compra-venta del local, indicando que el inicial era de 105.000 euros y que luego hubo otras ofertas más bajas de 75.000 y 68.000 euros, siendo al final el precio de 65.000 euros (había una entrega inicial de 1.400 euros) más los conflictivos 15.000 euros.

El vendedor es un joven que residía en Estados Unidos y que tuvo que regresar al fallecer su padre para hacerse cargo del negocio familiar. Sobre el dinero de la base de esta causa afirmó "no tener ni idea, no he recibido nada" y aseguró que en todo momento informó que la empresa estaba en concurso, "nunca lo oculté y tampoco autoricé que hiciera obras, pues no tenía poder para hacerlo". "Yo no tenía poder para actuar, sólo podía derivar ofertas a la administradora concursal. Es lo que he hecho en todo ese tiempo y no he tenido problemas, salvo en este caso", aseveró. Sí dijo haber recibido los 1.400 euros y que todo lo referente a este asunto lo pasaban al liquidador, "por lo que yo me desentendía".   

Después declaró el comprador, quien reconoció la relación de amistad con la agente inmobiliaria, a raíz de lo que surgió el interés por el local. "Primero quise alquilar, pero no era posible y ya se habló de la compra a buen precio", dijo, remarcando que desconocía que la empresa vendedora estaba en concurso. "Me puse en manos de ella, pues desconozco estos temas", apuntó, añadiendo que nunca llegó a contactar directamente con la empresa vendedora. Afirmó sobre los 15.000 euros que entregó a la mujer que no iban a ser en 'B', "todo sería legal", dijo. Cuando apareció la administradora concursal y descubrieron lo que pasaba, "el mundo se nos vino encima y se buscó un acuerdo, pero en el precio pactado no se descontaron los 15.000 euros", que es la cifra que ahora reclama.

Sobre las ofertas que se cruzaron en esas fechas, en sala le fueron presentadas dos y aseguró que las firmas que ahí estaban no eran las suyas. "No las reconozco. Yo no mandé directamente ninguna y era la agente quien me indicaba por dónde ofertar y la que me dijo que los 15.000 euros tenía que pagarlos en metálico", apuntó. Hubo algunas cuestiones que ante preguntas de los agentes jurídicos dijo no recordar por el tiempo que había pasado.

La fiscal, al considerar que los dos encausados actuaron de mutuo acuerdo, pide penas de prisión de dos años para cada uno más el pago al demanante de los 15.000 euros. La acusación particular estuvo representada por el letrado José Ramón Sánchez Nicolás, mientras que las defensas, quienes piden las absoluciones de sus respectivos clientes, fueron representadas por Salvador Rincón Gallego y Mónica Rodríguez Sanchidrián.

El tribunal de la sección quinta de la Audiencia Provincial será el que resuelva con su sentencia el que ha sido el primer juicio que ha celebrado tras el período de paralización importante que ha generado el coronavirus.

Etiquetas: San Javier

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